La noticia le cayó como un baldado de agua fría al Gobierno: La Corte Constitucional declaró, la noche del martes, inexequible el decreto 020 de 2011, por medio del cual se decretó por segunda vez la emergencia económica y con el que se pretendía, entre otros, conseguir una adición presupuestal por 5,7 billones para la atención de los afectados por el invierno.
Aunque algunos analistas le dieron la razón a la Corte por considerar que el Gobierno tuvo suficiente tiempo para entregar el paquete de decretos en la primera declaratoria de emergencia, otros indicaron que la Corte fue muy "dura" con la decisión y que en últimas los más afectados son los dos millones de damnificados.
¿Rigurosidad de la Corte?
El exvicepresidente Humberto De la Calle explicó que "aún cuando se trató de un problema formal y de falta de motivación, la Corte obró con el rigor que exige el análisis de medidas extraordinarias que desplazan la capacidad legislativa hacia el Gobierno".
Agregó que "quizás el Ejecutivo dio por entendido que los hechos eran indiscutibles, pero no los plasmó debidamente. Hubiera sido una medida más sencilla prorrogar el decreto pasado, porque continuaba la motivación que ya la Corte había examinado y avalado".
Manifestó que la decisión de la Corte no fue exagerada aún siendo el panorama invernal tan evidente. "La Corte no ha descalificado la pertinencia de las medidas sino que ha vigilado la capacidad del Gobierno de tomar para sí una competencia legislativa. A mí me parece que para muchas personas esto suena como un formalismo, pero si un Gobierno se acostumbra a utilizar estados de excepción, el diseño constitucional empieza a verse modificado en profundidad".
El constitucionalista Juan Manuel Charry indicó que el mejor camino que tenía el Gobierno era buscar la prórroga del primer decreto.
"Si se había declarado una emergencia económica por la ola invernal debía haber sido previsible que ese invierno iba a tener efectos prolongados en el tiempo y el Gobierno debió haber acudido a la prórroga del Estado de Excepción. No hacerlo, justificó la inconstitucionalidad de la segunda emergencia".
Charry aseguró que aún así, "la Corte peca de 'rigorista' en el sentido de que una decisión de defensa de la Constitución no puede generar perturbación. Por defender un requisito constitucional no se puede dejar desatendida una población de dos millones de personas afectadas por la ola invernal".
El exmagistrado José Gregorio Hernández no entendió las motivaciones del Ejecutivo para decretar una segunda emergencia. "No se ve la razón para decretar otra emergencia cuando todas las medidas las había podido adoptar con base en la primera. De otro lado, es indispensable, y eso lo ha dicho la Corte Constitucional, que el Gobierno siempre que declara una emergencia justifique las razones por las cuales la emergencia se presenta".
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