Los llamados baldíos tienen enfrentados al ministro de Agricultura Francisco Estupiñán y al senador del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo, por las denuncias sobre presuntas irregularidades de grandes empresas en la compra de estos terrenos.
Según Robledo, el proyecto de ley que radicó el entonces ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo que reglamenta la compra de tierras por parte de extranjeros podría legalizar cerca de 18 millones de hectáreas de baldíos, que habrían sido adquiridas a través de mecanismos jurídicos en contra de la ley.
El debate inicial se centró en la adquisición que hizo el ingenio Riopaila-Castilla de 40.000 hectáreas, en Vichada, "con maromas jurídicas", en palabras de Robledo, que le permitieron hacerse con terrenos que eran baldíos, los cuales, según la ley 160 de 1994 solo se pueden adjudicar a campesinos de bajos recursos y no son susceptibles de venta.
El caso Riopaila-Castila, que compromete al embajador de Colombia en Estados Unidos Carlos Urrutia, porque la firma de abogados Brigard & Urrutia, de la que fue su propietario, asesoró en 2009 esta compra, tal como lo informó El Colombiano en su edición del 8 de junio, es solo la punta del iceberg de un problema en el que "está metida media oligarquía colombiana", según Robledo.
Sobre las denuncias, que conoce el Incoder, la Superintendencia de Notariado y Registro y el Ministerio de Agricultura, el ministro Estupiñán sostuvo que "el Gobierno procederá a hacer las investigaciones y a reversar todas las situaciones que sean anómalas para ponerlas en concordancia con lo que mandan las autoridades".
Las tierras de extranjeros
La discusión de Riopaila tiene como fondo la norma que reglamenta la compra de tierras por extranjeros que, según el ministro Estupiñán, "trata de hacer que las inversiones extranjeras sean bienvenidas, pues es necesario que el país tenga desarrollo y para eso requieren grandes inversiones de capital. Pero estas no pueden ser desmedidas, ni en cantidad ni en calidad".
Al respecto, el senador Robledo y el representante a la Cámara, Wilson Arias, critican que uno de los artículos diseñado por el exministro Restrepo dejaría sin protección 18 millones de hectáreas que, se suponen, son para campesinos de bajos recursos.
Esas cuentas se basan en una característica de la ley 160 de 1994 que reglamenta los baldíos. La norma, por varios ires y venires jurídicos, aplica tanto para transacciones de baldíos antes de la ley como para las que surgieron después.
El proyecto del Gobierno disponía que se aplicará solo hacia adelante con lo que, según Robledo, "se quedarían por fuera cerca de 18 millones de hectáreas". Sin embargo, lo aprobado en Comisión dejó por fuera esta parte del proyecto, pero el senador advierte que "es posible que se reviva en cualquier momento".
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