El ministro de Justicia de Turquía, Sadullah Ergin, reconoció que se redactan informes "secretos" sobre la vida privada de los candidatos a jueces y fiscales, una práctica que calificó como "normal".
"Tener informes secretos sobre si los candidatos a ser jueces o fiscales son alcohólicos, ludópatas, o si su forma de vestir encaja con la dignidad de la judicatura no viola la ley sobre el servicio público", aseguró Ergin en unas declaraciones difundidas este lunes por la prensa turca.
El titular de la cartera de Justicia consideró una práctica "normal" y ajustada al derecho que se recopile información personal sobre los hábitos y el estilo de vida de los aspirantes.
Estas declaraciones responden a las acusaciones de la oposición sobre la existencia de informes secretos que servirían para filtrar a los candidatos que no comulguen con las ideas del islamista moderado Partido de la Justicia y la Democracia (AKP), que gobierna turquía desde 2002.
La judicatura es junto con el Ejército uno de los tradicionales guardianes del laicismo de la República turca creada por Mustafa Kemal "Ataturk", lo que ha supuesto frecuentes enfrentamientos con el AKP del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.
La mayor formación opositora, el secular Partido Republicano del Pueblo (CHP), considera que estos informes demuestran la intención del AKP de controlar la Justicia del país depurando a aquellos elementos que considera hostiles.
Gursel Tekin, el vicepresidente del CHP, criticó que ningún estado democrático guardaría semejante información secreta sobre el estilo de vida de los candidatos a jueces y fiscales, un indicio de la "actitud totalitaria" del Gobierno.
El ministro de Justicia se defendió de estas acusaciones asegurando que estos informes se remitían al Consejo Superior de Jueces y Fiscales de Turquía, el órgano de gobierno de los jueces y magistrados, para que fueran valorados.
Ergin aseguró que esa documentación secreta se guardaba durante las prácticas de los futuros magistrados y que estaban a disposición de sus superiores para poder valorar su actitud.
Una de las recientes enmiendas constitucionales adoptadas en Turquía incluye ampliar el Consejo de 7 a 22 miembros titulares, lo que los críticos de Erdogan consideran como un paso para poner la Justicia bajo su control.
Debido a estos cambios cuatro miembros titulares del Consejo dimitieron el pasado octubre de sus cargos acusando al Gobierno de querer intervenir en la judicatura.
