Nicaragua es el último país que se une a la tendencia reeleccionista de América Latina. El llamado que el presidente Daniel Ortega hizo el pasado 19 de julio, en el aniversario de la Revolución Sandinista, a que "el derecho de reelección sea para todos y que el pueblo con su voto premie o castigue", fue escuchado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
El lunes en la noche la CSJ declaró "inaplicable" el artículo 147 de la Constitución, que establece que "no podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República el que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiere ejercido por dos períodos presidenciales".
Las voces de protesta no se hicieron esperar y líderes de la oposición anunciaron que buscarían con manifestaciones y argumentos reversar el fallo judicial.
Acusaciones de ilegalidad
Para Dora María Téllez, quien desertó del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Fsln) -partido de Ortega- para fundar el Movimiento Renovador Sandinista (MRS), esta decisión es completamente ilegal.
Téllez explicó a EL COLOMBIANO que independiente de las ampollas que levanta el asunto per se, lo verdaderamente importante es que nadie puede tocar la Carta Magna a excepción de la Asamblea Nacional.
"La Corte no tiene facultad para hacer eso, es una ruptura del orden constitucional gravísima. Un grave delito. La propia Constitución lo prohíbe explícitamente", dijo Téllez.
Ortega, que asumió la presidencia de Nicaragua por segunda vez en enero del 2007, presentó este 15 de octubre, junto con 109 alcaldes sandinistas, un recurso de amparo ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) quienes lo reenviaron a la Corte Suprema.
Félix Madariaga, profesor de ciencias políticas de la Universidad Americana de Nicaragua, explicó que ésta era una figura ilógica para este fin porque se usa para pedir protección cuando hay violación de derechos ciudadanos.
Además, recalcó el analista, el cómo también genera sospechas: "la sala constitucional está compuesta por seis magistrados y solo tres de ellos se reunieron en tiempo récord y emitieron el fallo incorporando magistrados sandinistas de otras salas, lo cual es un atropello al proceso".
Sergio Cuarezma e Iván Escobar, dos de los magistrados liberales que no estuvieron presentes en la deliberación, aseguraron ayer que no fueron convocados con anticipación, mientras que el otro, Damisis Sirias, está por fuera del país.
Por su parte, el escritor Sergio Ramírez Mercado, quien participó en los operativos que dieron fin a la dictadura en 1979, dijo a este diario que como Ortega no pudo obtener en la Asamblea Nacional los votos para reformar la Constitución, lo hizo a través de la CSJ: "toda una aberración jurídica que abre las puertas de la dictadura en Nicaragua. Igual que en Honduras, la comunidad internacional y la OEA deben condenar este golpe".
La delegación de la Comisión Europea para Centroamérica y Panamá informó ayer que evaluará en Bruselas el fallo, que deberá ser ratificado por el pleno del Supremo, de 15 magistrados.
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