Un llamado de atención a las autoridades colombianas, ante la difícil situación de las comunidades indígenas que padecen el conflicto armado, fue hecho por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, (Ocha).
Según el organismo, entre enero y mayo de este año cerca de 4.500 indígenas han tenido que salir de sus casas por amenazas y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos al margen de la ley.
Para la Ocha, "la mayor afectación de las comunidades indígenas responde a la ubicación estratégica de sus territorios, donde los actores armados no estatales tienen presencia para proteger zonas de cultivos ilícitos o rutas estratégicas para el tráfico de drogas o armas". La situación, dice el organismo, es más grave si se tiene en cuenta que las comunidades afectadas por estos desplazamientos (awa, embera, eperara siapidara, nasa y nukak) hacen parte de los 35 pueblos en riesgo de extinción, según lo reconoció la misma Corte Constitucional hace cuatro años.
Entre los casos que la Ocha reseña está el desplazamiento del pueblo emberá-dobida, ubicada en el Alto Baudó, en el Chocó.
Cerca de 2.000 personas de esta comunidad tuvieron que abandonar su territorio en mayo pasado, pues algunos de sus miembros fueron retenidos por "actores armados no estatales" y la posibilidad de un enfrentamiento de ese grupo armado con la Fuerza Pública era latente.
Los indígenas emberá-dobida se refugiaron en comunidades cercanas, donde están en "condiciones de hacinamiento y con acceso limitado a alimentos y agua segura". Además, cerca de 4.000 indígenas se encuentran con limitaciones a su movilidad o en confinamiento por la instalación de minas antipersonal, las restricciones en algunas vías o los enfrentamientos entre los grupos armados y las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con cifras de la Ocha, en 2013 esta situación afectó a 10 mil personas, algunas de las cuales continúan con restricciones en su movilidad.
Además, en el 2014, esta oficina de la ONU ha reportado el confinamiento de 2.700 emberá-wounaan, del Chocó, y zenú, de Antioquia.
La Ocha también llama la atención porque, según los datos de su monitor humanitario, el 25 % de las víctimas de ataques armados fueron indígenas, así como el 5 % de las personas amenazadas por grupos ilegales. Como las amenazas a líderes de Caloto y Puracé, en el Cauca, ocurridas en mayo por su oposición a la explotación minera en la región.
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