- Ahora la Corte Suprema, haciendo comparsa con los grupos de oposición a Uribe, quiere tumbarlo. Sacarlo a empellones del poder.
- Para cumplir con ese objetivo se valen de la declaración de una mitómana para armar un expediente en que se declara ilegítima la aprobación del acto legislativo que condujo a la reelección de Álvaro Uribe.
- El país no ha sido ajeno a estas prácticas habilidosas, encaminadas a desvirtuar lo que el pueblo mayoritariamente ha confirmado en las urnas. Recordemos que hace más de 6 décadas Laureano Gómez negaba la validez de la reelección de López Pumarejo. El señor López, decía Gómez, "puede ocupar la presidencia como cuestión de facto; legítimamente no ha sido electo... llegó a través de una maniobra corrompida, desde su principio hasta su término... la credencial de López es nula y falsa, porque fueron falsos los votos contabilizados a su favor...".
- Parece ya revivirse la estrategia de Laureano, con algunas modificaciones en los actores y en el tiempo. No son ya sus ahijados políticos los que recurren a esa mañosa estratagema de querer ganar en los despachos judiciales lo que se pierde en las urnas, sino los togados y sus compadres de la oposición. Toman los magistrados como dogma de fe, una versión enmarañada de una fabuladora para construir sobre su relato, una sentencia más política que jurídica. Con ella pasan la cuenta de cobro para dirimir el viejo pugilato del magistrado Valencia con el presidente Uribe.
- Está en manos de la Corte Constitucional imprimirle respetabilidad al debate. Máxime cuando el país extraña, más que nunca, aquella admirable Corte Suprema que ardió en el incendiado Palacio de Justicia. La Constitucional está en el deber ineludible de darle dignidad y seriedad a la controversia sobre la licitud del actual mandato presidencial, al que se le quiere deslegitimar, con maliciosas maniobras santanderistas.
- El país confía en que la Corte Constitucional esté con el ánimo y en la capacidad de defender el principio de cosa juzgada -base de la seguridad jurídica- no sólo para alejar la tentación de restaurar, como en el Viejo Testamento, el gobierno de los jueces, sino para librar al país de tener que transitar por los tortuosos vericuetos del referendo o del plebiscito. Reconfirmar el alto Tribunal, que más de 7 millones de votos que le dieron un mandato claro a Uribe, pesan más en legitimidad y legalidad, que los artificios de quienes aspiran a considerar espuria la credencial del actual jefe del Estado.
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