Puede ser que Éricson Vargas, alias “Sebastián”, no sea el último cabecilla de “la Oficina” y que tras su captura surjan otras cabezas, como ha sucedido en el pasado.
Esto no le resta mérito al golpe que le acaba de propinar la Policía Nacional a esa empresa criminal y, sin duda, envía un mensaje muy claro en torno al imperio de la ley en su lucha contra el delito.
A “la Oficina” le llegó su hora de cierre, bien sea por efecto de la captura de quien ahora figuraba como jefe máximo de esa organización, por el marcaje permanente a que ha sido sometida por las autoridades, o por el propio debilitamiento como fruto de las luchas intestinas entre delincuentes por hacerse al poder dentro del mundo del hampa.
De la tal “Oficina” se seguirá hablando, pero sin duda le pasará lo mismo que a sus antecesoras “Los Pepes” y “la Terraza”: un proceso de extinción, donde no se descarta el surgimiento de nuevas organizaciones criminales o el realinderamiento de bandas para el control del negocio del narcotráfico.
Muchos más golpes como este serán necesarios, a todos los niveles, y por eso es debido justipreciarlo, pero sin crear falsas expectativas en lo que significa recobrar la seguridad ciudadana. En el solo Valle de Aburrá operan 14 Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico (Odin) que agrupan a 119 bandas armadas.
Eso, sin contar con una presencia cada vez más preocupante de bandas criminales (bacrim) como la de “los Urabeños”, liderada hoy en el área metropolitana de Medellín, según la Policía, por alias “Mi Sangre”, que pugna por hacerse al control del crimen organizado.
Pese a la ramificación del crimen, a la proliferación de bandas, a la extensión de sus redes en comunas y municipios, y al permanente surgimiento de nuevos cabecillas, la Fuerza Pública está demostrando con acciones tan contundentes como la captura de “Sebastián”, y ayer la de su lugarteniente “Fredy Colas”, que hay un férreo compromiso para combatirlas y que más tarde que temprano sus actuales jefes y los que vienen en camino van a caer.
De hecho, el “reinado” de sus capos es cada vez más fugaz y “Sebastián” lo ejemplifica: al momento de caer en poder de las autoridades en un golpe de inteligencia de la Policía su control era mínimo. Estaba acorralado, había perdido a sus hombres de confianza y terminó traicionado.
Ahora es el turno de la Justicia. La Policía ha cumplido con su labor. Si las autoridades están al tanto del largo listado de crímenes ordenados y ejecutados por el personaje capturado y su grupo de sicarios, deben poner a disposición de la Fiscalía todo el acopio probatorio para su procesamiento.
Tal como lo dijimos ayer, la extradición debe ser ejecutada, pero ese no puede ser el punto final en lo que tiene que ver con Colombia. Al enviarlo a Estados Unidos se cumple sólo con una parte de la justicia material que todos demandamos como sociedad víctima de los crímenes de estas personas.
La extradición es un compromiso de cooperación jurídica internacional que Colombia honra, pero que no puede implicar delegación absoluta a otro Estado para impartir justicia. Aquí hay crímenes atroces por investigar, por resolver, por juzgar, por reparar.
La eventualidad de una negociación con las autoridades judiciales norteamericanas no puede significar impunidad. También aquí hay víctimas cuya dignidad hay que respetar, y autoridades con las que se debe cooperar.
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