Indica con claridad el artículo 67 de la Constitución Política de nuestra nación que "la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura." Posteriormente, en el mismo artículo se especifica que "corresponde al Estado regular y ejercer suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos (?)".
En concordancia con lo establecido en la Carta, la Ley 30 de 1992 recogió sabiamente su espíritu cuando en el literal h de su artículo 31 manifiesta que corresponde al poder ejecutivo, entre otras, "propender por la creación de mecanismos de evaluación de la calidad de los programas académicos de las instituciones de educación superior".
Ante la derogatoria del artículo primero del Decreto 2566 de 2003, mediante el cual se había institucionalizado el Registro Calificado, la Ley 1188 de 2008, vino a solucionar la situación definiendo claramente que "El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de educación superior."
De esta manera, el Estado Colombiano ha entregado al país entero una valiosa herramienta, aún inacabada pero supremamente válida, mediante la cual se establece un proceso de verificación, de crecimiento y aprendizaje mutuo entre el Ministerio de Educación Nacional y las Instituciones de Educación Superior en el cual el único ganador es la comunidad académica. Adicionalmente, existe con la metodología una excelente vía de comunicación interna entre los entes universitarios, donde los académicos y los administrativos deben encontrar el punto de encuentro para que se cumplan los requerimientos establecidos por el sistema, con criterios de calidad académica, pertinencia y una alta dosis de optimización en lo económico y financiero.
Si bien es cierto que por su juventud, el registro calificado ha generado en muchos casos confusiones, disgustos y desencuentros, también debe reconocérsele que son muchos más los beneficios que ha traído al servicio público de la educación superior en Colombia. El número de profesores vinculados de tiempo completo en las instituciones se ha incrementado, al igual que sus niveles de formación; se ha entendido que la investigación es el alma de la vida universitaria y que de ella se nutre la docencia y la extensión; se han aumentado significativamente la cantidad y calidad de las bibliotecas; las bases de datos se convirtieron en herramienta fundamental del trabajo cotidiano y los servicios de informática universitarios entraron a tono con el siglo XXI.
Definitivamente, y con todos los problemas? es mejor que lo que teníamos.
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