La decisión de Íngrid Betancourt de pedirle al Estado colombiano una indemnización que supera los 15.000 millones de pesos por los perjuicios económicos y morales que le generó su secuestro, a manos de las Farc, generó en el país una ola de voces de rechazo a tal pretensión.
La principal razón, según los analistas, es que la ex candidata presidencial fue advertida por las autoridades militares del riesgo que corría si continuaba su marcha hasta San Vicente del Caguán, tres días después de que el
Gobierno diera por terminada las negociaciones con las Farc y levantara la zona de distensión.El día de su secuestro, Íngrid pretendía encabezar una reunión política en el Caguán y ante las dificultades de llegar por vía aérea decidió, con su comitiva, viajar por tierra, aunque en la región el Ejército no dejaba advertir que quien se movilizara lo hacía bajo su propio riesgo. Y ella lo hizo.
Por eso, la pretensión económica de Íngrid y su familia en contra del Estado, tomó por sorpresa al Gobierno. El Ministerio de Defensa se declaró sorprendido y apesadumbrado ante la decisión de la ex candidata, pero anticipó que tiene la convicción de que "no existe ningún elemento objetivo que permita deducir responsabilidad del Estado".
El vicepresidente Francisco Santos fue más allá y dijo que "es un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez. Estoy indignado, triste y desilusionado (...) sin duda es uno de los actos de ingratitud que quedarán en la historia de Colombia y también de oportunismo y de codicia, tanto de Íngrid como de su mamá, Yolanda Pulecio".El ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia, dijo que "todo el mundo conoce las condiciones en que fue secuestrada (...) Ella no quiso escuchar las observaciones, las recomendaciones que le hizo el Gobierno en ese momento" y "penetró a una zona que no era segura".
¿Qué reclama?
La Procuraduría informó que la suma de dinero que reclama al Estado la familia de Betancourt asciende a 15.431 millones 351.537 pesos.En dos solicitudes de conciliación, una de Íngrid y otra de la madre, la ex secuestrada pide una indemnización de 1.500 millones de pesos por los daños sufridos en su retención; 500 millones por los perjuicios por la muerte de su padre; 1.500 millones por daños psicológicos y 1.281 millones por los sueldos que dejó de percibir en seis años de cautiverio.
En el documento de unas 60 páginas, al que Colprensa tuvo acceso, Íngrid pide citar a 23 testigos entre ellos al norteamericano Marck Gonzalvez, Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Géchem, John Frank Pinchao, al recién rescatado general Luis Mendieta, a varios de sus familiares y a un médico del Hospital Militar de Marsella en Francia.Gabriel Devis, abogado de Betancourt, aclaró en un comunicado que, "no se ha demandado a nadie, ni al gobierno colombiano, ni a las Fuerzas Armadas, ni a ninguna de las personas que participaron en la operación de liberación" de Betancourt y precisa que, "una conciliación es una manera de ayudar a reflexionar sobre los mecanismos de protección que brinda el Estado colombiano y a sus ciudadanos víctimas del terrorismo".
Fuera de lugar
Para el analista Rafael Nieto, la solicitud de Íngrid Betancourt está fuera de lugar. "Una persona que está advertida del problema de orden público de la zona en la que iba a adentrarse, y sin embargo ingresa, debe ser responsable de sus actos, es más, el Estado incurrió en unos costos enormes en la búsqueda de un rescate, por cuenta de algo que fue evidentemente un acto irresponsable de su parte", señala Nieto, quien además hace alusión al debate abierto en muchos países, de que luego de advertir a sus ciudadanos del peligro de viajar a ciertas zonas, si son secuestrados, al recuperar su libertad, el Estado puede pedirles que reembolsen los gastos en los que el Estado incurrió para buscar su rescate o su liberación.
Caso puntual ocurrió con la alemana Reinhilt Weigel, secuestrada en 2006 en la Sierra Nevada de Santa Marta por el Eln. Luego de 10 semanas en cautiverio, Weigel fue liberada y el Estado alemán le reclamó posteriormente los 12.640 euros que costaron su liberación y transporte de regreso al país.
Ella asumió el riesgo
Si bien el Estado tiene el deber constitucional de proteger todos los ciudadanos, las condiciones del secuestro de Íngrid son diferentes.
Así lo señala Claudia Llano, vocera de la Fundación País Libre. "Comprendemos el derecho que asiste a Íngrid como a cualquier colombiano de generar una demanda contra el Estado, porque el deber del Estado es protegerla. Ahora bien, el Estado colombiano le tenía a Íngrid Betancourt en calidad de candidata presidencial, un esquema de seguridad, que hasta el último momento en Caquetá, previo a que ella se quisiera adentrar hacia la zona de distensión, los escoltas le advirtieron el riesgo que estaba asumiendo.
Entonces ella ejerció su libre albedrío de continuar, a pesar de conocer y haber sido avisada por el Estado del riesgo que iba a correr".
Camilo Gómez, quien en la época del secuestro de Íngrid era el Alto Comisionado para la Paz, cree que la solicitud de Íngrid está fuera de contexto, y no se atreve a especular si otros ex secuestrados tomarán su mismo camino. "Esta solicitud me parece que es una manera de expresar el dolor que sintieron Íngrid y su familia por el secuestro, no necesariamente la más adecuada porque pretender un resarcimiento patrimonial, no le va a devolver los años de libertad perdidos. Además, los responsables del secuestro de Íngrid fueron las Farc, no el Estado colombiano".
El ex candidato presidencial Gustavo Petro consideró que Íngrid Betancourt es injusta con Colombia. "Las Farc fueron las que perpetraron el secuestro, no el Estado. Si está libre, fue gracias a un operativo militar exitoso, no a una liberación unilateral", dijo a Caracol Radio.
