La propuesta del Gobierno de volver a la inmunidad parlamentaria no gustó en sectores académicos y políticos que la consideran fuera de contexto.
La idea que presentó el ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio, pretende que si existe una orden de captura contra un parlamentario, sea la mesa directiva respectiva (Senado o Cámara) la que autorice levantar la inmunidad para que actúen las autoridades.
Para los analistas, la propuesta resulta tan inconveniente por el momento político, como la que presentó en mayo, en ese mismo sentido, el presidente del Partido de la U, Luis Carlos Restrepo.
Para entonces se cuestionó que la idea surgiera de una colectividad que tiene a muchos de sus congresistas vinculados a investigaciones por presuntos vínculos con grupos armados ilegales.
El investigador de Congreso Visible, Felipe Cardona, afirma que aunque desde la teoría es válido discutir el tema, reconoce que "el problema es que se plantee hoy cuando el 30 por ciento de los congresistas está siendo investigado por vínculos con grupos armados ilegales".
El profesor de la Universidad Nacional, Alejo Vargas, es partidario de que a los congresistas se les garantice una segunda instancia cuando son investigados. Y que se tenga claridad de que sus opiniones no conlleven a abrir procesos judiciales, pues el Congreso es un espacio de deliberación. "Lo que es útil, pero el ambiente político no lo permite, es pedir que una comisión expertos elabore una propuesta para sopesar los argumentos de lado y lado".
Para el director de la Fundación Cultura Democrática, Álvaro Villarraga, esta no es más que una iniciativa incongruente. "Es una actitud reiterada del Gobierno para que no obre la justicia en los casos de la parapolítica, responde a un fenómeno previo al debate electoral y confirma la actitud condescendiente del Presidente con los partidos que lo apoyan".
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
