Uno de los aspectos menos discutido y más necesario para el progreso del campo tiene que ver con la institucionalidad para el desarrollo agropecuario y rural.
El Informe de Desarrollo Humano de 2011, "Colombia rural, razones para la esperanza", establece que una de las áreas de mayor importancia para transformar las condiciones de vida de los pobladores rurales es, precisamente, la creación de una nueva institucionalidad agropecuaria y rural.
El análisis que se hace de dicha institucionalidad muestra cómo ésta se encuentra rezagada frente a los retos que enfrentan los sectores agropecuario y rural, así como frente a las problemáticas y las necesidades de los productores agropecuarios y los habitantes rurales, que, dicho sea de paso, no siempre coinciden en sus necesidades y aspiraciones de vida.
Entre las complejidades que presenta el desarrollo de los territorios rurales está la creciente importancia que han venido adquiriendo otras actividades diferentes a las agropecuarias, como la minería y el agroturismo.
Décadas atrás, el desarrollo de los territorios rurales tenía una dependencia casi exclusiva de las actividades agropecuarias. Esto llevó a que, como parte de la misión del Ministerio de Agricultura se tuviera no sólo el fomento y la promoción de las actividades agropecuarias sino que tuviera como responsabilidad el desarrollo de los territorios rurales. Para ello se crearon programas especializados, como el DRI. Igualmente, el Incora impulsó programas de desarrollo rural en zonas de colonización.
Esto hizo que el Ministerio de Agricultura tuviera que implementar, a través de sus entidades especializadas, programas de atención a la población rural en aspectos como la vivienda, la salud, la electrificación, las vías, etc., programas que por igual debían beneficiar a los productores agropecuarios, a sus familias y a los habitantes rurales.
Sin embargo, en la gestión, las políticas y los recursos asignados, la prioridad del Ministerio ha estado, tradicionalmente, alrededor del desarrollo productivo y comercial de las actividades agropecuarias. Más aún, la gran agricultura ha recibido mayor atención que las actividades propias de los pequeños productores agropecuarios.
Adicionalmente, la capacidad de coordinación del Ministerio en asuntos propios de otros ministerios ha sido muy limitada. No en vano el relativo cierre de algunas brechas de desarrollo entre los sectores urbanos y rurales ha respondido, esencialmente, a los planes y los programas de algunos de estos ministerios. En esto la acción del Ministerio de Agricultura ha sido casi inexistente.
Estos hechos, aunados a una realidad actual diferente a la que en el pasado se tuvo en los territorios rurales, hacen necesario repensar la institucionalidad agropecuaria y rural. La importancia que ahora tienen las regiones para la competitividad y el desarrollo, el proceso de descentralización y la necesidad de una mayor participación ciudadana en la suerte de sus territorios obligan a que se analice la pertinencia, por ejemplo, de que, en su misión, el Ministerio de Agricultura mantenga la responsabilidad del desarrollo agropecuario al tiempo que el de los territorios rurales.
Seguir atados, de manera romántica, a un pasado ya superado puede representar un gran costo para los habitantes rurales y un riesgo de mantener la ineficacia institucional.
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