Los exdictadores argentinos Jorge Videla y Reynaldo Bignone volvieron a sentarse este lunes en el banquillo de los acusados, esta vez en un histórico proceso que, por primera vez, indaga en un plan sistemático para apropiarse de los bebés de las embarazadas detenidas durante la dictadura militar.
Videla y Bignone están imputados junto a otros seis represores, el general retirado Santiago Riveros, el exalmirante Antonio Vañek, el excapitán de la Marina Jorge "Tigre" Acosta, el exprefecto Jorge Azic, el exmarino Rubén Franco y el exmédico José Luis Magnacco.
Catorce años después de que las Abuelas de Plaza de Mayo impulsaran esta causa, el Tribunal Oral Federal 6 de Buenos Aires abrió este lunes el juicio por la "sustracción, retención, ocultación y sustitución de identidad de menores de diez años".
Los acusados, que accedieron al recinto esposados y no escatimaron sonrisas ni saludos a sus familiares repartidos entre el público, escucharon impertérritos los cargos que se leyeron en la primera jornada del proceso.
En su requerimiento el fiscal aseguró que hay pruebas suficientes para asegurar que existió un plan sistemático de apropiación, ocultamiento y sustitución de identidad de recién nacidos durante la última dictadura (1976-1983).
Durante diez meses los tres magistrados del tribunal, que escucharán a más de 370 testigos, juzgarán 34 casos de robos de bebés a mujeres que, en su mayoría, dieron a luz en los centros de detención de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), la guarnición militar de Campo de Mayo y el denominado Pozo de Banfield, en el conurbano bonaerense.
Decenas de activistas pro-derechos humanos coincidieron este lunes en subrayar la importancia histórica de este juicio y denunciaron también la indiferencia de los acusados ante la gravedad de los delitos.
"No es la primera vez que los veo (a los imputados), pero a mí lo único que me causan es un poco de repugnancia, porque los veo ahí tan indiferentes a todo", lamentó Rosa Rosinblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
"Realmente es un día histórico porque se inicia la causa que tanto hemos esperado. Vamos a ver si resulta lo que esperamos, la condena al horror que significa la desaparición de nuestros chicos", señaló Nélida Chorobik de Mariani, cofundadora de Abuelas de Plaza de Mayo e impulsora de esta causa junto a la presidenta de la organización, Estela de Carlotto.
No obstante, Mariani lamentó que el retraso en el proceso ha minado sus esperanzas de ver a los culpables entre rejas, como ilustra el hecho de que cuatro de los acusados murieron antes de ser juzgados, entre ellos el dictador Emilio Massera.
Precisamente por esta demora varios de los querellantes opinaron que este lunes es un día "grandioso", como aseguró emocionada Clelia de Fontana, de 79 años, quien en 2009 vivió una de las mayores satisfacciones de su vida cuando su nieto, Alejandro Sandoval, recuperó su identidad.
"Estoy viviendo esto con muchas expectativas. Espero poder enterarme un poco más de mi historia, del trasfondo de todo. Al principio estaba muy nervioso por verles las caras a todos, pero ahora me siento tranquilo y sólo espero que se haga justicia y puedan cicatrizar las heridas", apuntó Sandoval.
También Francisco Madariaga, de 33 años, que descubrió su identidad el pasado año y conoció a su verdadero padre, espera que "por fin se haga justicia en este caso, después de tantos años y tantas Abuelas que ya no están. Se lo debemos a ellas".
Francisco y Alejandro son dos de los 102 hombres y mujeres que han logrado recuperar su identidad gracias a la gestión de Abuelas de Plaza de Mayo, que calculan que cerca de 500 niños fueron robados a sus familias biológicas durante el último gobierno de facto.
Uno de los casos emblemáticos que será juzgado en este proceso es el de la nuera del poeta argentino Juan Gelman, María Claudia García, que dio a luz cuando estaba detenida en Uruguay, tras lo cual desaparecieron ella y la niña recién nacida, que fue entregada a un policía uruguayo.
En el año 2000 Gelman encontró en Uruguay a Macarena, su nieta desaparecida.
El pasado diciembre, Videla, el primero de los cuatro presidentes de la última dictadura, fue condenado a prisión perpetua por un tribunal de Córdoba (centro), que le juzgó por el fusilamiento de una treintena de presos políticos en 1976.
Bignone fue sentenciado en abril del año pasado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo.
