Una fallida investigación sobre la guerra civil y los crímenes del franquismo estaba a punto de sentar al juez español más mediático, Baltasar Garzón, en el banquillo de los acusados.
El Tribunal Supremo español consideró el jueves que podrían existir indicios suficientes para juzgar a Garzón por prevaricación. Aunque siempre ha rechazado las acusaciones, el Supremo cree que el juez intentó escarbar en el pasado de su propio país sabiendo que no tenía jurisdicción ni competencias.
Garzón, un juez que ha copado durante años los titulares de medio mundo gracias a procesos como el del ex dictador chileno Augusto Pinochet, podría quedar apartado de la carrera judicial durante años si finalmente es acusado y procesado.
La historia comenzó en mayo de 2009, cuando el Supremo admitió a trámite una querella por prevaricación, el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta, presentada por el sindicato conservador de funcionarios Manos Limpias. Garzón testificó en septiembre a puerta cerrada y negó mala praxis.
Después de meses de deliberaciones, el juez del Supremo Luciano Varela, que instruye la causa, rechazó el jueves la petición de Garzón para archivar esta compleja y polémica demanda. La última palabra queda ahora en manos de una sala de cinco jueces del Supremo, que deberán decidir si cierran definitivamente la investigación o siguen adelante y acusan formalmente a Garzón de prevaricación.
Ley de amnistía
En un auto de 56 páginas, Varela señaló que Garzón actuó a sabiendas de que los delitos franquistas que quería investigar prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía promulgada en 1977 para restañar las heridas de la guerra española.
Varela afirmó que Garzón intervino de buena fe, con la intención de aliviar el sufrimiento de las víctimas, pero decidió "ignorar u orillar" conscientemente la legislación emanada de las Cortes democráticas españolas. "Tal hecho puede constituir el delito de prevaricación", dijo.
"Desde luego los móviles altruistas, como el encomiable deseo de paliar el sufrimiento de los familiares de las víctimas de los horrendos crímenes, no eximen, ni siquiera atenúan, la eventual responsabilidad penal en que pudiera haberse incurrido".
No es habitual ver a un juez español investigado y casi contra las cuerdas. Además, Garzón es un magistrado de fama internacional, que, durante muchos años, ha encarnado el principio de justicia universal con el que los tribunales españoles han tratado de juzgar delitos de lesa humanidad y terrorismo cometidos en todo el mundo.
En 2008, Garzón abrió un sumario que fue interpretado como la primera gran causa general contra la dictadura del general Francisco Franco (1939-1975). El magistrado consideró que las desapariciones y detenciones sistemáticas de los opositores del bando republicano al régimen franquista constituían un delito de crímenes contra la humanidad.
Además, ordenó abrir una veintena de fosas comunes en las que se encuentran enterradas víctimas de la dictadura.
Sin embargo, la Fiscalía rebatió los argumentos del juez, asegurando que los delitos mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la Ley de Amnistía promulgada en 1977, dos años después de la muerte de Franco.
Casi sin apoyos, el juez aceptó a regañadientes que no tenía competencia para proseguir con la investigación y dejó el asunto de la exhumación de cadáveres y las fosas en manos de tribunales regionales.
Pero el sindicato conservador Manos Limpias, que ya había demandado a Garzón en otras ocasiones, no cejó en su empeño y se querelló contra el juez por actuar sabiendo que no tenía jurisdicción. Varios meses después, su demanda por prevaricación está a punto de llegar a buen puerto.
