Por petición expresa de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Suprema de Justicia estudia la posibilidad de desengavetar el expediente relacionado con el asesinato de la periodista Gloria Lara.
Se trata de una acción de revisión que el Ministerio Público quiere que se cumpla en este caso, pues tal como lo cree, podría tratarse de un delito de lesa humanidad debido a que el crimen cometido en 1982, por la Organización Revolucionaria del Pueblo (Orp).
El paso del tiempo ha borrado de la memoria de muchos los dramáticos hechos en los que perdió la vida esta periodista, en la mente de otros, mucho más jóvenes, ni siquiera está el recuerdo.
Habían pasado cinco meses desde que fue secuestrada cuando el cuerpo sin vida de Gloria Lara de Echeverry apareció con indiscutibles señales de desnutrición. Estaba envuelto en una bandera negra en la que se observaban las letras Orp, alusivas a la organización ilegal Organización Revolucionaria del Pueblo. Ese 29 de noviembre de 1982 quedó grabado en las oscuras páginas de la violencia que por décadas ha enlutado a los colombianos.
Lo que se quiere con esta última solicitud, por parte del Ministerio Público, es que se reverse la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia de declarar prescrito este caso, lo cual en últimas favorece a más de una docena de implicados en el crimen.
Lo que ha pasado
El 12 de febrero de 1992, diez años después del asesinato, un juzgado de conocimiento absolvió a Juan Tadeo Espitia Supelano, Fredy José Rivera Arboleda, Wilberto Antonio Rivera Meza, Froilán Rivera Meza, Emperatriz Santander Cancino, Robison Rafael Rivera Arrieta, José Miguel Gamboa López, Miguel Angel Vargas Castro, Hernando Franco D’laytz, Gloria Medellín, Diana Giraldo Rodríguez y Hernán Rafael Lora Mendoza.
Pocos meses después, en agosto todos fueron condenados por el Tribunal Nacional en cuanto los consideró responsables por los delitos de homicidio y secuestro extorsivo agravados. Esa fue la razón por la cual les impuso una pena de 28 años de prisión.
La misma suerte corrieron Rodrigo Alberto Penilla Candela, Betty Suárez Mahecha, Víctor Manuel Rojas Cárdenas y Graciela Inés Acosta Barrera quienes tras una absolución fueron condenados por secuestro extorsivo agravado a 12 años de prisión.
Cada uno de los condenados fueron considerados por el Tribunal Nacional como miembros de la Orp.
Ahora, la última palabra la tendrá la Corte Suprema de Justicia, en donde se deberá definir si en realidad este crimen puede ser considerado de lesa humanidad, o no.
