El reciente vertimiento de una cantidad aún no cuantificada de toneladas de carbón en aguas de Santa Marta, producto del hundimiento de una barcaza de la Drummond, volvió a levantar una polvareda y agitó el debate sobre desarrollo económico y ambiente sostenible.
No ha sido ni será el último debate en esa materia ni puede dejarse a la sazón de la coyuntura.
Colombia no puede sustraerse a la posibilidad de aprovechar sus recursos naturales y proteger su ambiente, pero tampoco a la obligación social de sacar de la pobreza a cientos de miles de colombianos.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) ha proferido una decisión temporal de suspensión del transporte de carbón por vía marítima a dicha compañía, mientras se adelanta una investigación para establecer responsabilidades y determinar el impacto ecológico que dicho derrame pudo causar al lecho marino.
La polémica alrededor de por qué la Drummond no notificó el accidente y el país conoció el hecho por los medios de comunicación va de la mano de la crítica constante a la falta de operatividad, control y vigilancia de las entidades ambientales.
Pero el problema es más de fondo y conocido: la ausencia de una verdadera política de reordenamiento territorial.
Pero no de un ordenamiento desde el punto de vista de la división político-administrativa, sino de una definición territorial basada en las aptitudes del suelo, de los ecosistemas y sus recursos hídricos. El país adolece de una taxonomía clara del aspecto físico del territorio como resultado de una política de Estado de largo plazo.
No de otra forma se explica que todavía estemos discutiendo qué hacer con nuestras zonas de páramos o de parques naturales y cómo manejar la riqueza hídrica del país.
No es consecuente, en términos del desarrollo económico y del ambiente sostenible, que las zonas de mayor pluviosidad del territorio, como son el Pacífico y el Amazonas, sean las menos pobladas, mientras la concentración de las áreas urbanas esté en la región Andina, donde el agua es escasa y de mala calidad. El Estado, como un todo, debe evaluar qué es más importante: si preservar el agua o explotar minerales. O en especial, cómo aprovechar su inmensa riqueza de ambos componentes.
Las explotaciones mineras, en cualquier parte del mundo, representan ingresos de corto plazo, mientras la preservación de los ecosistemas y el medio ambiente son patrimonios de largo plazo.
El ordenamiento territorial es el que permite a un país definir su vocación económica, preservando el ambiente.
Las decisiones no deberían ser únicamente de carácter político, sino fundamentadas en la experticia técnica y científica. En otras palabras, nuestro amplio conocimiento en cartografía, en usos del suelo y ecosistemas, resulta suficiente y confiable para que el país estructure un nuevo ordenamiento de su territorio.
De lo contrario, iremos camino al despeñadero o hacia lo más profundo del mar.
La disyuntiva entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental existirá siempre, no pueden verse de forma aislada, pero sí es posible, y sobre todo urgente, hacerlas compatibles.
Colombia tiene una legislación ambiental moderna, pero ha estado sometida a presiones de coyuntura política o necesidades económicas que muchas veces la desconocen o la burlan. En muchos casos, la debilidad institucional de los organismos que deben garantizar su cumplimiento agravan el problema.
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