Cada vez más aparecen razones para que se piense seriamente en la necesidad de reformar la Constitución de 1991, pero no una reforma de esas improvisadas que propone algún congresista para hacerse célebre, que plantea como iniciativa personal. No, se requiere empezar a madurar, sin prisa pero sin pausa, los aspectos que ameritan que se reformen de esta carta política, para ponerla a tono con los tiempos actuales, pero también para corregir o ajustar aspectos que lo requieren. ¿Sería posible que se creara una Comisión plural de académicos y políticos con experiencia y tradición constitucional para que en un breve plazo de cien días elaboren una propuesta para debate del Congreso? ¿No debería tomar el Ejecutivo esta iniciativa a la mayor brevedad? Una reforma constitucional seriamente hecha y no de las aprobadas a los pupitrazos de medianoche.
Por supuesto entiendo que quienes defienden la Constitución de 1991 a ultranza temen que se puedan echar atrás avances muy importantes como la tutela, la noción de Estado Social de Derecho y la Carta de Derechos, pero creo que estas ya son conquistas incorporadas a nuestra vida política y social y difícilmente se podrían eliminar. Aunque claro, siempre habrá que estar vigilantes con estos y otros temas.
Intento señalar algunos de los puntos que cada vez parecen tener mayor visibilidad en debates públicos y que deberían, de manera tranquila y razonada, analizarse y formularse propuestas de modificación.
En primer lugar está la estructura administrativa de la justicia; ahí no hay duda que aparecen frecuentemente inconsistencias y que tienen que ver con el origen del nombramiento o elección de los Magistrados de las Altas Cortes; lo relativo a sus competencias para participar en la elección de otros funcionarios -especialmente de los organismos de control-; el origen, estructura y funcionamiento del Consejo Superior de la Judicatura y lo relacionado con la autonomía administrativa y presupuestal de la Rama Judicial; la competencia de las distintas Cortes para ser los espacios de cierre hacia la denominada "cosa juzgada"; los sistemas de inhabilidades e incompatibilidades de los altos dignatarios de las Cortes. Son todos estos temas de preocupante controversia y arduo debate.
En segundo lugar, lo relacionado con las funciones, atribuciones y controles del Procurador General y el o la Contralora General. Cada vez aparece claro que sanciones de revocatoria de mandato e inhabilidad política a funcionarios que han sido producto de elección popular de los ciudadanos no pueden ser de competencia de un servidor público, que fácilmente puede ser sesgado por las pasiones propias de los seres humanos. Ese tipo de competencia debería estar en cuerpos colegiados como una Sala del Consejo de Estado que actúe como un Alto Tribunal Disciplinario para todos los funcionarios que tengan algún tipo de fuero, que pudiera deliberar y tener varias opiniones, no sólo en la orientación de la investigación, sino en la valoración de la prueba y adicionalmente que se garantice el derecho fundamental del debido proceso que conlleva una segunda instancia diferente de aquella que toma la determinación inicial. Esto es igualmente válido y está para resolver en lo relacionado con el juzgamiento de los congresistas, quienes tampoco cuentan con una segunda instancia. Fortalecer la Defensoría del Pueblo para que sea el ente estatal que realmente vele por la protección de los derechos humanos de los colombianos, como lo previeron los constituyentes.
¡El debate está abierto¡
Creo que igualmente es necesario revisar todo el sistema de participación política y social previsto en la Carta Constitucional tanto a nivel de partidos y movimientos -normas y regulaciones a la participación política, el Estatuto de Oposición y su concreción legal-, como en lo relacionado con la participación social -consultas populares, el sistema de participación en la planeación-.
Estoy convencido de que esta es una tarea de la mayor prioridad pero que debe hacerse bien y tomándose el tiempo que la misma requiere, de otra manera las crisis institucionales seguirán presentándose y creando incertidumbre en el funcionamiento de la democracia colombiana.
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