En Colombia tenemos hoy cerca de 3 millones de damnificados por la ola invernal y no menos de 4 millones de víctimas de la violencia. No resulta improbable que ni los unos, ni los otros, reciban las ayudas prometidas por el Gobierno por culpa tanto de la carencia de dinero como de la debilidad e incompetencia de nuestras instituciones.
Justicia. Gran parte de la ineficacia y de la politización de nuestras instituciones judiciales se deriva de la farragosa y mediocre Constitución de 1991. Prueba de esto es la proliferación de cortes innecesarias y omnipotentes que cogobiernan por medio de nefastas "modulaciones" sobre temas ajenos para los engreídos constitucionalistas. Por ejemplo, con sus fallos y tutelas envilecieron el Sistema de Salud.
Resultado de tal Carta es, así mismo, la cooptación clientelista que ha desembocado en la elección de no pocos magistrados politizados, inconsecuentes, censurables… quienes les abrieron la puerta a las tutelas arbitrarias, presentadas por juececitos incompetentes, sobre derechos inadmisibles en los países donde se tutela en forma racional.
Legislativo. La Constitución del 91 acunó la proliferación de los partidos políticos y la elección de representantes ineptos en los municipios, los departamentos y en el propio Congreso. Por esto ha decaído la credibilidad de los colombianos en nuestro sistema representativo. Al respecto afirma acertadamente María Isabel Rueda: "nos sometió ella a un sistema electoral basado en cocientes y residuos que privilegiaban las aventuras electorales personalistas". Aventuras electorales, sí, voto preferente, dineros sucios, votos comprados o intimidados...
Como consecuencia de lo anterior, decayó la aptitud, la competencia de los señores congresistas para legislar sobre los temas económicos. Esta falencia tiene a Colombia en la misma cuerda floja de las economías de bienestar de los europeos, las cuales se caracterizan por fundar estados que intentan resolverles a todos, todos sus problemas, desde la cuna hasta la sepultura, hasta que, finalmente, entran en bancarrota.
Eso de establecer que "la sostenibilidad fiscal será cuestión de criterio y no de principio" es una prueba de la intrascendencia tanto del Ejecutivo como del Legislativo para definir, antes de legislar, de dónde provendrán los recursos demandados. Y a propósito, ¿quién en estas dos instituciones sabe cuánto nos costará, por ejemplo, la Ley de Víctimas y de Tierras?
Ejecutivo. Superar algunas de las debilidades descritas le corresponde al presidente Santos. Para eso lo elegimos y deseamos que triunfe. Santos ha sido, hasta la fecha, muy eficaz para promover algunas leyes de discutible beneficio real para el país, al tiempo que lo aprecio muy débil para lo verdaderamente trascendental. Esto es, reformar la Justicia, tornarla funcional, despolitizarla y devolverle su prestigio. O para revitalizar las Fuerzas Armadas y defenderlas de la insensata guerra política que padecen.
Considero que el presidente Santos carece de autoridades monetarias para asegurar una tasa de cambio competitiva que nos permita aprovechar los TLC. Lo estimo sin iniciativa para reducir la tasa de fertilidad de las pobres mujeres abandonadas y con dos o más hijos, sin necesidad de realizarles abortos. Para limitarles a ellas los subsidios del Estado a dos hijos. Y así sucesivamente.
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