Aún no sabemos adónde irá a parar la investigación sobre las interceptaciones ilegales, las presiones indebidas, los asesinatos y la gran cantidad de delitos que aparecen en las declaraciones que los funcionarios del DAS están entregando a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación.
Pero solamente por pudor, por ahorrarle al país otra vergüenza internacional, el presidente Uribe debería abstenerse de nombrar a César Mauricio Velásquez como representante de Colombia ante la Santa Sede. Es posible que Velásquez salga airoso de este escándalo, las referencias a él no son aún muy comprometedoras, pero ya se lo señaló como partícipe de una reunión en la cual se habló de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
El daño que se le hace a la imagen del país con el nombramiento en cargos de representación en el exterior de personas vinculadas a expedientes judiciales es demoledor. Ha sido un hecho generalizado en la actual administración. Pero el caso más vistoso ha sido el de los nombramientos hacia Italia. A Milán fue a parar como cónsul Jorge Noguera, el director del DAS con mayores sindicaciones, y a la embajada de Italia Sabas Pretelt De la Vega, el funcionario de más alta responsabilidad comprometido en la llamada "yidispolítica".
Es cierto que el actual ambiente político de Italia no es muy serio, pero no podemos abusar en demasía. Cada vez que un funcionario colombiano se ve obligado a renunciar a su representación en el exterior por imputaciones judiciales cae un manto de duda sobre todo nuestro país.
Y el tema del DAS no es cualquier escándalo. El viraje que ha dado este caso es francamente escabroso. Las revelaciones de la revista Semana en su última edición ponen los pelos de punta. De modo que para borrar las huellas de los delitos cometidos por una nube de agentes del DAS y de funcionarios de la Casa de Nariño, miembros destacados de la inteligencia del Estado, fueron asesinados por sus propios compañeros. El horror va creciendo como espuma.
Hay un hecho que pasó desapercibido y que me dio indicios del tamaño que puede tomar esta conspiración. En los últimos días el presidente Uribe, al hablar del caso del DAS, dijo que podía asegurar que no había hecho la menor insinuación, ni el más leve gesto, ni había adoptado alguna actitud de donde se pudiera colegir su interés por interceptar y golpear a magistrados, periodistas, miembros de la oposición o directivos de organizaciones no gubernamentales.
Por primera vez no habló del gobierno en su conjunto. Por primera vez no salió a defender a todos los funcionarios de la Casa de Nariño. Se limitó a salvar de manera enérgica su responsabilidad. La declaración es francamente preocupante. Porque Uribe se ha caracterizado por defender a capa y espada a cada uno de los funcionarios bajo su mando aun en los momentos más borrascosos.
Tuve en ese momento la impresión de que el Presidente empezaba a soltar de su mano a su círculo más cercano ante la eventualidad de que la investigación de la Fiscalía General de la Nación llegara al fondo del asunto. ¿Cree el primer mandatario que la mano de la justicia alcanzará a su Secretario General Bernardo Moreno, al Consejero José Obdulio Gaviria y a Edmundo del Castillo, su secretario Jurídico?
He sentido en la mayoría de los analistas un gran pesimismo sobre el resultado final de la investigación. Muy pocos confían en que la justicia colombiana se atreva a develar todo lo que ha ocurrido en el DAS. Pero será muy difícil echar en saco roto las acusaciones y pruebas que personas comprometidas en la trama están aportando.
Por otro lado, los organismos internacionales de derechos humanos y el Departamento de Estado de los Estados Unidos están pendientes de lo que ocurra en este caso. La misma Hillary Clinton incluyó una referencia a las interceptaciones del DAS en su informe anual sobre derechos humanos en el mundo. No va a resultar fácil eludir la responsabilidad del alto gobierno.
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