El gobierno del presidente Santos inició el mandato prometiendo más y mejores cosas para las víctimas colombianas. En el acto de presentación del proyecto de ley de víctimas, manifestó su compromiso personal con el tema, e inclusive manifestó que si lo único que logra en su mandato es la aprobación de esta ley, su elección habrá valido la pena.
La imagen-víctima como figura en la retórica política colombiana nos acompaña desde hace aproximadamente cinco años, sin embargo, se hace poco para satisfacer las reivindicaciones de las cientos de miles de víctimas que claman verdad, justicia y reparación contra viento y marea. La imagen-víctima transita por los pasillos del Congreso como nunca antes. Esto no quiere decir que las víctimas lo puedan hacer o que sus reclamos sean asumidos. Por el momento, lo único que circula es retórica y promesa.
Santos manifestó el pasado lunes: "El deber nuestro es escuchar a las víctimas y acogerlas". ¿Estaremos listos para escuchar y acoger? ¿Digan lo que digan?
Las diferencias entre el discurso de este gobierno y el del anterior en relación con el proyecto de ley son aparentes. No hay tanta negación literal de la realidad, sin embargo, hay muchas cosas que siguen igual.
Al inicio de su discurso, Santos leyó apartes de testimonios de víctimas de la masacre de El Salado, contenidos en el informe producido por el Área de Memoria Histórica de la CNRR, en el que queda plasmada la responsabilidad del Estado, tanto por acción como por omisión. Los hechos son macabros. Al margen de rechazar el sadismo, me preguntaba: ¿qué pensará Santos sobre la acción conjunta de paramilitares y militares en Montes de María, como ha sido descrita, con detalles, por los paramilitares y pobladores?
Igualmente sorpresiva resultó la intervención del ministro Vargas Lleras al anunciar que "las víctimas de las violaciones masivas y sistemáticas no están solas". Sé que a punto de repetición se puede perder el significado de las cosas y que la perpetración "masiva y sistemática" de violaciones ya suene a pan de cada día. Sin embargo, cuando un ministro acepta que la perpetración de las violaciones ha sido masiva y sistemática, lo único que sigue, necesariamente, es la asunción de responsabilidad.
De igual trascendencia fue el contenido de uno de los cuatro testimonios de las víctimas que ambientaron la presentación del proyecto de ley. Se le dio cabida a la voz de un mujer que, de manera abierta y directa, planteó que los paramilitares y los militares actuaron de manera conjunta en Puerto Caicedo, Putumayo, con fechas y nombres. Nuevamente, otra clara muestra de involucramiento oficial en la violencia.
Estas tres manifestaciones fueron importantes. La pregunta que resta es: ¿si es claro para el Ejecutivo que de la violencia pasada se deriva la responsabilidad estatal, por qué no la asume en el momento de hablar de reparación? Los gestos nobles y los llamados a la solidaridad, sencillamente, no satisfacen.
El discurso oficial actual continúa reflejando contenidos similares al de Uribe, cuando se dio la orden de hundir una iniciativa muy similar. Santos y Vargas introdujeron el elemento fiscal como el aspecto que condicionará el debate del proyecto de ley que presentaban. Claramente una política sin presupuesto no es seria. Pero, ¿por qué no se encargaron del tema fiscal antes de prometer?
Ojalá no pasemos del lema de "mejor es posible" a "lo mejor es lo posible", porque con lo posible llegaremos a la fórmula del antiguo gobierno: convertir la ayuda humanitaria en reparación, como en los cuentos. Ojalá este gobierno entienda que la reparación no es un tema de pasión y sensiblería, sino de asunción de responsabilidad y de reconocimiento oficial de los procesos de victimización.
"Por fin las víctimas ocupan el lugar que les corresponde", afirmó la directora de Víctimas Visibles. Eso, está por verse, ¡Insha'Allah'!
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