Las tablas comparativas del precio de matrículas en universidades privadas muestran diferencias abismales, entre ellas mismas y en relación con las de naturaleza oficial. Los desequilibrios son evidentes. Desvirtúan el sentido de la educación como servicio público e indican excesos que deberían motivar acciones estatales en el ejercicio constitucional de la tarea de inspección y vigilancia del sistema educativo.
Aparecen instituciones de educación superior que, frente a otras, triplican las tarifas. Para que haya diferencias entre unas y otras pueden ser valederos ciertos argumentos tales como la acreditación institucional, el mayor costo de vida en Bogotá y otras ciudades y hasta la antigüedad y el prestigio ganado en el escenario social. Pero esos motivos no tienen por qué invocarse para tratar de justificar alzas desmesuradas y desequilibrios como los que se hacen patentes al observar los informes disponibles. Y salta a la vista la desproporción entre los precios en la capital y los de las regiones, como si se reprodujera la ofensiva oposición secular entre el centro y la provincia.
La acreditación institucional y el desarrollo de procesos de calidad y autoevaluación afinan la respetabilidad de las universidades que han aceptado esos mecanismos exigentes de calificación ante el Estado y la sociedad. Pero en los tiempos actuales y de cara al futuro un elemento esencial de la calidad, en las democracias, es la capacidad de inclusión de aquellos sectores que, por diversas causas, entre ellas las dificultades económicas, tienen que resignarse a la suerte de quedar excluidos de la educación superior. La acreditación institucional debería estar condicionada, en muy buena parte, a la capacidad de garantizar una oferta académica accesible desde el punto de vista económico.
Crear nuevas opciones de financiación para estudiantes de menores recursos pecuniarios y reducir de modo razonable los costos de la educación superior privada para acercarlos a los de la pública son retos para los orientadores de las universidades. En países más avanzados, donde este problema ha sido común, se abren alternativas de empleo temporal para los estudiantes, se cruzan servicios a las mismas instituciones con las cuentas de matrículas y se arbitran recursos y subsidios que atenúan las diferencias. Un ejemplo positivo y que está en etapa de construcción es el que se ha establecido en Medellín mediante convenios entre el Municipio y Empresas Públicas con universidades locales.
La educación superior debe serlo en todos los aspectos fundamentales: En la pertinencia, la calidad y la competitividad, en la sintonía con la realidad social y en la concordancia con la apertura de oportunidades esenciales para que una sociedad sea cada día más abierta y democrática. La exclusión, propiciada por las desaforadas tarifas de matrículas, limita a las universidades en la obtención del llamado nuevo valor agregado de la formación de líderes. La inequidad es incompatible con el verdadero carácter superior de la educación universitaria.
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