Si se compara los indicadores de productividad laboral en Estados Unidos frente a los de Colombia, hoy la realidad es más que preocupante: lo que una sola persona produce en el país del norte, aquí requiere a cinco, es decir, que el resultado de su trabajo no alcanza en muchas ocasiones ni a cubrir los gastos en que se incurre para pagar sus salarios.
Así lo comentó a este diario la presidenta Ejecutiva del Consejo Privado de Competitividad, Rosario Córdoba Garcés , en el marco de la presentación del Informe Nacional de Competitividad 2012-2013, ayer en el Club El Nogal, en Bogotá, donde concurrieron más de 500 personas, entre grandes empresarios, líderes gremiales y altos funcionarios del Gobierno, incluyendo al presidente Juan Manuel Santos .
En su sexto diagnóstico anual de la competitividad del país en 14 frentes críticos, el Consejo formula más de un centenar de recomendaciones de ajuste para los sectores públicos y privado. En ese universo, la entidad creada por empresas y universidades privadas, llamó la atención, particularmente, frente a una baja productividad laboral derivada de un cáncer del mercado de trabajo colombiano.
Se trata de la alta informalidad laboral, que ya ronda el 60 por ciento de los trabajadores urbanos. El vicepresidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Santiago Levy , destacó que Colombia, junto a México, es uno de los países donde se encuentra la mayor tasa de informalidad en América Latina, y "la evidencia empírica muestra que a mayor informalidad, menor productividad y más pérdida en el Producto Interno Bruto (PIB) por persona".
De no corregirse esa tendencia, agrega Levy, el país se empobrecerá cada vez más. Señaló que, por ejemplo, en Colombia los costos no laborales a la hora de contratar corresponden al 54 por ciento del pago mensual esperado, mientras el promedio de ese indicador en América Latina y el Caribe es de 32 por ciento y en Estados Unidos, principal socio comercial de Colombia, del 24 por ciento.
Frente a esta realidad, el directivo del ente multilateral sugiere que los incentivos oficiales se dirijan exclusivamente a las empresas que sean productivas, sin dar subsidios a la informalidad.
Por su parte, el Informe Nacional de Competitividad plantea que se busquen fuentes alternativas para financiar los programas sociales del Sena, Instituto de Bienestar Familiar y cajas de compensación desde el presupuesto estatal y una parte ya está plasmado e la reforma tributaria n
* Por invitación del Consejo Privado de Competitividad.
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