Los problemas de la justicia son tantos que ahora se propone que no se investiguen todos los delitos sino sólo aquellos que las autoridades escojan entre los que creen más urgentes o importantes, estableciendo luego un orden de prioridad para el trabajo de la Fiscalía General de la Nación (FGN).
En este marco, si usted es víctima de un delito violento y su caso no es priorizado, probablemente nunca obtendrá justicia. La noción suena injusta, y lo es.
La selección y la priorización de casos se está presentando como lo último en guarachas, la pieza ausente del rompecabezas que solucionará los graves problemas de congestión de la justicia penal. Realmente, no lo es; además, contribuye a consolidar la impunidad, deslegitima la justicia y el Estado de derecho.
En cualquier país en donde existe una alta tasa de criminalidad organizada o de violaciones graves a los derechos humanos, la autoridad a cargo de la persecución penal debe adoptar criterios explícitos para conducir su pretensión punitiva ante una realidad de recursos limitados. La conducción estratégica de la persecución penal permite mayor efectividad en la lucha contra el crimen y mayor impacto social en la condena a la actividad criminal, sin afectar el derecho a la justicia de las víctimas.
La definición explícita de los criterios que orientan a una entidad como la FGN debería ser una obligación legal del Fiscal General de turno durante la vigencia de su mandato. Ello permitiría medir los resultados de su gestión y salir del sentimiento permanente de crisis que califica el funcionamiento del aparato penal. El Fiscal General debería adoptar un documento público que establezca a qué se va a dedicar, es decir, con cuántos recursos cuenta, cómo los va a utilizar, cuáles van a ser sus prioridades y cuáles serán los resultados concluido su mandato. Esto es transparencia, democracia y buen gobierno. Con este marco general es posible entrar a determinar estratégicamente cómo organizar la entidad, qué conocimiento especial se requiere, cómo debe aplicarse el derecho y cómo debe ejercerse la acción penal para lograr lo que se quiere.
La priorización y la selección de casos es sólo una herramienta con la que cuenta la FGN para lograr sus propósitos. Antes de venderla como la fórmula infalible, valdría la pena conocer la racionalidad de otras prácticas que tienen un profundo impacto sobre la efectividad en la administración de justicia penal, por ejemplo: el reparto y la asignación de casos; las acumulaciones procesales (para agrupar casos relacionados y lograr establecer máximos responsables); el uso de beneficios judiciales por cooperación con la justicia para conseguir fines estratégicos más allá del establecimiento de responsabilidades de los autores directos; o el uso estratégico del principio de oportunidad para hacer avanzar los intereses de la justicia.
La lista es larga y el lenguaje penal es fastidioso. La FGN cuenta con múltiples herramientas administrativas y procesales para hacer que su labor sea más efectiva y eficiente, sin sacrificar el derecho a la justicia de los ciudadanos.
Lejos de soluciones justas, la priorización y la selección generan grandes paradojas. Cuando se haga justicia en los casos escogidos, las víctimas tendrán que salir a dar las gracias por la suerte que tuvieron. Los que no fueron priorizados quedarán ahí, sin justicia, resquebrajados. Eso no es derecho y no es justicia. Es una feria macabra frente a la incapacidad.
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