La Ley 1424 de 2010 o más conocida como la "ley de los desmovilizados" generó una gran polémica pública entre el vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sobre si esta conllevaba a la impunidad y el indulto de aquellos que alguna vez empuñaron un arma en los grupos armados ilegales.
Lejos de las controversias mediáticas, este diario habló con Michael Reed Hurtado, director en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ), quien dejó en claro que la implementación de esta Ley debe tomarse de la manera más seria para no repetir los errores de Justicia y Paz.
Reed además deja planteados interrogantes como el número real de desmovilizados que están en capacidad de acceder a los beneficios y la necesidad de que no se convierta en un indulto. Además, que tiene problemas estructurales que deben ser solucionados de manera urgente por el Gobierno Nacional.
¿Qué establece la Ley 1424 de 2010 más conocida como la "ley de desmovilizados"?
"Esta ley es un mecanismo que establece beneficios judiciales para los desmovilizados en función de delitos muy específicos como concierto para delinquir, porte de armas, uso indebido de insignias y uniformes de la Fuerza Pública. No puede tener alcances distintos a esos ni cobijar ningún otro delito cometido por los que dejaron las filas de los grupos armados ilegales".
¿Qué busca el Gobierno con esta ley?
"Como bien lo resaltan desde la Presidencia, es una Ley que se sacó por un trámite bastante rápido en el Congreso de la República para responder a los compromisos políticos pactados por el Gobierno con los desmovilizados".
¿En esta Ley pueden presentarse "colados" que buscarían ocultar delitos atroces?
"Lo más importante en la aplicación de la Ley 1424 es que el Gobierno y la autoridad judicial sepan con quién están tratando. Es importante tener información derivada de una investigación exhaustiva para saber quién es la persona que esta solicitando estos beneficios y no es un presunto responsable de otros. Ahí es donde esta el campanazo. Hay una experiencia en la Ley de Justicia y Paz donde el ejercicio de postulación por parte del Gobierno pasado fue muy precario, muy lleno de los riesgos que se derivan de la ausencia de investigación y del hecho de que se puedan colar personas que son responsables de delitos de otro tipo. Los beneficios judiciales nunca podrán otorgarse por otros delitos diferentes a los contemplados en esta Ley".
¿Cómo evitar entonces los "colados"?
" Cuando estamos frente a desmovilizados debemos tener en cuenta que más allá de la buena voluntad, uno tiene que depender y hacer una investigación profunda, independiente, para garantizar que cualquier beneficio judicial que se otorgue sea por las razones que predican los que dejaron las armas.
La mejor evidencia es que hay 1.338 desmovilizados postulados a la Ley de Justicia y Paz que dijeron que fue un error y que no tienen nada que confesar. Eso evidencia que el ejercicio en Justicia y Paz no fue técnico, no contó con información para saber si los postulados eran o no desmovilizados".
¿Se puede hablar de impunidad con la Ley 1424 de 2010 sabiendo que los desmovilizados confiesan sus delitos y siguen en libertad?
"Hay que hablar de manera concreta sobre quién va a ser el postulado para establecer si cumple con los requisitos de la Ley, de lo contrario la aplicación e implementación podría darle un paz y salvo a otra persona que este incursa en otros delitos. Sí esa es la intención, de que no haya impunidad, es correcta, pero la Fiscalía debe realizar una investigación profunda para establecer que los postulados a esta Ley no hayan incurrido en otros delitos".
¿Cómo comprobar si el individuo cometió o no otros delitos después de desmovilizarse o cuando estuvo en el grupo armado ilegal?
"Para eso las autoridades deben saber si el individuo que estuvo en el grupo armado ilegal durante 10 años, qué hizo mínimamente en esos 10 años por el concierto para delinquir, porque el concierto no era precisamente para pasear o andar juntos. La Fiscalía tiene que saber a quién le esta otorgando beneficios judiciales, y no basarse solo en la información del desmovilizado".
La Ley 1424 es clara y señala que la información revelada por el desmovilizado solo puede usarse como verdad histórica y no como prueba para otros procesos judiciales. ¿Esto es encubrir delitos o personas?
"Esta reglamentación termina siendo crucial y es muy importante que exista transparencia en estas versiones. Es muy grave que si un individuo viene y confiesa una actividad grave de él u otras personas, que esa información no sirva para abrir una investigación. Se pierde una oportunidad para luchar contra la impunidad en el país".
Pero el Gobierno tiene que definir el limbo jurídico en el que están los desmovilizados rápidamente. ¿Sí hay tiempo para hacer las investigaciones a cada uno de los que se postulen?
"Tiempo hay. Lo que debe buscarse es que la implementación de la práctica sea de manera adecuada para que no se cometan violaciones, lo que es la obligación del Estado colombiano en materia de derechos de víctimas.
El Gobierno lo tiene que hacer, usted no puede otorgar beneficios judiciales bajo la premisa de la ignorancia, tiene que otorgar con información estratégica basados en una profunda investigación".
La autoridad judicial tiene 10 días para entregar la suspensión de la medida de detención. ¿Para acelerar procesos el Gobierno podría ejercer presión para que se firmen las notificaciones?
"El Gobierno tiene que tomar en consideración todos estos elementos y en su proceso de reglamentación respetar la independencia del aparato judicial. Quien pone su firma y sello sobre la suspensión de la medida de detención, es una autoridad judicial por lo tanto su independencia no se puede afectar, la Ley tiene problemas en su diseño, ojalá el Gobierno los corrija".
¿Esta Ley es perdón y olvido, una especie de indulto?
"Estamos ante un grupo de personas que se ha desmovilizado y que de entrada confiesa que hizo parte de un grupo armado y que, reitero, hicieron mucho daño y perpetraron muchas atrocidades en el país. Estamos frente a un tema de suma gravedad y de muchísima seriedad por lo que no se puede que tomar de manera suave. Eso no se puede olvidar".
El Gobierno Nacional dice que serán postulados a esta Ley cerca de 25.000 desmovilizados. ¿Esta cifra es real?
"Uno de los puntos sobre los cuales hemos insistido es la necesidad de contar con información clara y transparente. Los desmovilizados (paramilitares) sí ascienden a 30.000, pero algunos fueron postulados a la Ley de Justicia y Paz y por lo tanto habría que restarlos; en segundo lugar hay varios que han sido asesinados o han muerto (2.230 según el ICTJ) ellos tendrían que salir, otros han reingresado a la actividad criminal por lo tanto ellos no deben ser preocupación de la lista; hay otros detenidos o capturados en flagrancia (6.637 según ICTJ). No son 30.000. El universo es mucho menor y sería muy importante saber exactamente de que estamos hablando y el número es muy inferior".
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