Hay hechos y razones de peso para temer que el paro minero, más allá de buscar reivindicaciones para el sector de la minería artesanal o informal, lo que pretende es que el Estado cese su lucha contra la minería ilegal.
Si la finalidad del paro fuera poner de presente las incoherencias legales que dejan a los mineros informales en una especie de limbo, colindante con la ilegalidad, habría que propugnar para que las autoridades nacionales los escucharan y fijaran reglas de juego claras para regular su actividad.
Pese a su larga tradición minera, Colombia sigue sin poder erigir una sólida institucionalidad para el manejo de este importante sector económico, cuya participación en el PIB total del país se ha mantenido por encima del 2 por ciento y que según el Dane representa una generación de recursos por 115,93 billones de pesos.
La minería es una de las locomotoras de la economía, pero está lejos de ser un factor de riqueza para las poblaciones donde se asienta. Ejercida de manera ilegal, sin títulos ni licencias ambientales, no solo no deja ninguna utilidad sino que ocasiona pérdidas irreparables a la naturaleza.
Con seguridad, hay necesidades de los mineros artesanales o informales que deben atenderse para la formalización del sector, pero que algunas de las 25 mil personas que ejercen esta actividad sirvan de escudo a intereses que buscan detener la ofensiva estatal contra la minería ilegal, deslegitima el paro.
Detrás de esa minería ilegal se mueve una empresa criminal que invierte millonarios recursos en la compra de maquinaria, bien como lavado de activos o bien como actividad complementaria o sustituta a la producción de cocaína, dada las altas cotizaciones del oro.
Por tal motivo, movilizarse para presionar la derogatoria de disposiciones que autorizan a la fuerza pública a destruir esa maquinaria utilizada en explotaciones que violan la ley, contamina las reivindicaciones de los manifestantes.
La proliferación de retroexcavadoras ilegales en zonas mineras ha llevado a las autoridades a realizar 22 operativos para destruirlas. Una ofensiva que el Gobierno está dispuesto a sostener y en la cual no debe claudicar, pese a las protestas.
Ante las presiones de quienes han asumido la protesta social como instrumento de alteración del orden público, la respuesta del Gobierno es legítima, así se tache de radical: no negociar con quienes promuevan el bloqueo de carreteras. Además, el Ejecutivo dio orden a la Policía y a las Fuerzas Militares de no ser permisivas con las vías de hecho. Y la Fiscalía ha iniciado la judicialización de las personas que violan el Código Penal con estos bloqueos.
Pese a lo anterior, el paro afecta poblaciones de Antioquia, Chocó, Córdoba, Bolívar, Nariño, Cauca y Eje Cafetero. Y como era previsible se han presentado desórdenes y enfrentamientos con la Policía.
En este clima de tensión, con manifestaciones protagonizadas por diversos sectores económicos, los actores ilegales e incluso movimientos políticos han querido "pescar" beneficios aprovechando el agua revuelta.
Pero la peor parte en estas protestas, como lo vemos en Tibú con las movilizaciones campesinas, la está llevando la comunidad por el bloqueo de vías que afecta tanto la movilidad de los habitantes como la economía de la zona. De la forma como el Gobierno maneje este paro minero se podría sentar un precedente para evitar comportamientos similares en otros sectores.
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