La minería ilegal y el "boom" en la expedición de títulos mineros se han convertido en la mayor amenaza contra la riqueza ambiental del país. Fuera de ser un elemento nuevo en el conflicto interno, por la vinculación de actores armados a esta actividad.
De no contenerse la expansión desmesurada de explotaciones auríferas, podría descarrilarse la "locomotora minera", una de las cinco estrategias de crecimiento económico del actual plan de desarrollo.
El riesgo se hace extensivo a toda la minería, y no necesariamente asociada a la palabra "ilegal", por la descoordinación institucional y los vacíos en la legislación que han generado una gran feria en la expedición de títulos mineros.
Incentivar la inversión en el sector, la creación de empresas nacionales y la llegada de capital extranjero para aprovechar la riqueza minero-energética del país, es un objetivo plausible, pero sobre la base de un desarrollo sostenible.
De hecho, Colombia tiene que hacer un gran esfuerzo para dar un marco institucional estable, coherente y claro a la industria minera que permita hacerla competitiva. Pese al crecimiento observado, la competitividad del país como destino para la inversión extranjera descendió del tercero al quinto lugar en América Latina, en el último año, quizás por falta de una normatividad que oriente con rigor su desarrollo .
Consecuente con su posición en la Cumbre de Río+20, Colombia está obligada además a asumir el compromiso de que su locomotora minera corra sobre una carrilera ambiental, con normas claras de protección de los recursos naturales, si queremos que la minería sea motor de progreso.
Es imperioso que el título "minero" vaya acompañado del apelativo "ambiental" para hacer posible que el país no pierda su condición de ser una potencia en biodiversidad.
Las evidencias en torno a la devastación que viene sufriendo el país exigen, además de instrumentos jurídicos, una mayor gestión de las autoridades nacionales, departamentales y municipales, con apoyo en la Fiscalía y en la Fuerza Pública, para poner orden en las explotaciones mineras.
Pero siempre es bueno que exista esa voluntad política, que al más alto nivel institucional dé la señal contundente de que no se va a permitir que la locomotora minera arrase, a cualquier precio, la riqueza ambiental.
Es preciso que se vayan poniendo límites como, en efecto, acaba de anunciarse al declararse 17,6 millones de hectáreas como reserva estratégica minera, en zonas de gran riqueza en biodiversidad en los departamentos de Amazonas, Vaupés, Vichada, Guainía y Chocó.
Esta reserva, que se suma a la de 2,6 millones de hectáreas declarada en febrero, garantiza que cualquier explotación deba seguir un estricto proceso de contratación con el Estado, similar al de las concesiones petroleras, y no mediante títulos mineros. Una manera de poner fin al carnaval que se registra en el otorgamiento de los mismos.
En Antioquia también tendríamos que tener medidas precautelares similares para acabar con la fiebre de titulación, pues según declaraciones del Gobernador Sergio Fajardo, el 16 por ciento del territorio ya está adjudicado en títulos mineros y el 79 por ciento está siendo solicitado. No está lejano el día en que cualquier quebrada tenga dueño y draga.
La situación es en extremo preocupante, pues la minería amenaza con invadir regiones productivas agropecuarias, como las cafeteras, poniendo en riesgo su estabilidad económica, sus recursos hídricos y el bienestar de sus habitantes.
El Comité Minero Ambiental, que coordina la acción de las entidades que tienen que ver con la minería y el medio ambiente en Antioquia, ya está comenzando a dar frutos.
Este Comité va a tener bastante fuerza en la actividad minera, desde la planificación hasta el control y vigilancia, cuando hay una acción por fuera de la ley.
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