El ministro de Hacienda, Fedesarrollo, y varios economistas involucrados en la discusión de políticas públicas ya están organizando una ofensiva mediática previa a la presentación de una nueva reforma tributaria. Se está hablando del hueco fiscal que dejará una próxima caída de los ingresos petroleros, de las necesidades de la guerra y de las exigencias financieras de la paz. Invocando a Thomas Pikkety están preparando nuevos impuestos para los ricos, sustentados en la evidente necesidad de mejorar la distribución de ingresos y de moderar la excesiva concentración de riqueza al más alto nivel. Pero nadie habla de la manera como se invierten los impuestos.
Indiscutiblemente se necesita una reforma a fondo del sistema tributario y de la Dian, pero antes de lanzar la ofensiva tributaria en el Congreso, se debería llevar a cabo un análisis técnico del gasto público, de su ineficiencia y de sus efectos nocivos sobre la distribución del ingreso y sobre el crecimiento. No tiene sentido subir impuestos con el pretexto de que se va a aumentar o mejorar la distribución del ingreso si el gasto que se va a financiar con estos impuestos aumenta la concentración del ingreso. Tampoco es razonable quitarles plata a los ricos, a la clase media y a los 700.000 nuevos contribuyentes para dejar que nuevos ministros de corte clientelista repartan esa plata entre sus afiliados o la orientes hacia proyectos improductivos.
En la actualidad hay una rapiña postelectoral protagonizada por los dirigentes de los partidos que forman la nueva coalición de gobierno y los excongresistas de esos partidos que aspiran a ingresar al gabinete. Están peleándose a mordiscos los ministerios que tienen recursos y dan contratos, no para mejorar la productividad y la calidad de vida de los ciudadanos, sino para armar sus propios carteles de contratación.
Es una vergüenza que los más preparados entre ellos no quieran hacerse cargo del Ministerio de Comercio Exterior, del DNP, del Ministerio de Medio Ambiente o el de Cultura, porque en ellos no hay plata y sí hay mucho trabajo. Quieren Transporte, pero no para dejar obras sino para asignar contratos; Agricultura, que ya quedó adjudicado a la U, cuyos miembros estarán imaginándose cómo repetir, evitando las consecuencias, lo que llevó a "Uribito" a una precandidatura presidencial primero, y ahora lo tiene huyendo. Salud también lo quieren, no porque les preocupa la salud de los colombianos, sino para nombrar un Superintendente de Salud venal, o para apropiarse de los recursos del sistema que quedaron centralizados en la última ley. Añoro cuando los profesionales jóvenes ingresaban al sector púbico para servir, no para pelechar.
En el sector judicial se corrompió hasta la sal. Los consejeros de Estado y los demás altos jueces están confabulados para que la ley que a buen hora vetó Santos quede viva aunque sea unas pocas horas para dejar en firme sus propias pensiones millonarias, para que no tengan que retirarse del sistema judicial hasta que se mueran y puedan seguir rotándose entre ellos las magistraturas como si fueran sillas musicales. Para financiar todas estas sinvergüencerías no tiene sentido recaudar impuestos.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
