La noticia que llega de Washington es muy buena para el país. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos ha empezado a revisar la estrategia antinarcóticos de ese país, incluyendo, específicamente, la necesidad de un cambio del Plan Colombia.
El ministro de Defensa, Miguel Silva, se ha apresurado a decir que es un error intentar modificar la política que se ha aplicado en nuestro país a lo largo de diez años. Es el Ministro quien está muy equivocado. Esa política de superación del narcotráfico sólo ha traído males y ha aportado muy poco en la disminución del cultivo, producción y tráfico de cocaína.
Ha traído la persecución implacable de miles y miles de campesinos cocaleros que han terminado asociándose a los guerrilleros o los paramilitares para intentar protegerse de la cárcel o de la muerte.
Ha significado el envenenamiento de millones de hectáreas de bosques y montañas que sucumben ante la agresiva utilización de químicos en la persistente faena de fumigación aérea.
Ha significado un crecimiento de la corrupción y una penetración de las mafias en todas las instituciones del Estado. En medio de la intensa guerra antidroga las mafias se lanzan a una endiablada carrera de sobornos, amenazas, búsqueda de alianzas con dirigentes políticos, en el que invierten millones y millones de dólares.
Cosa que logran fácilmente en Colombia donde a la clase política le dio por tomar ella misma la iniciativa de buscar a las mafias para meterlas en el juego político produciendo escándalos como el Poceso Ocho Mil o como el más grande y más escabroso proceso de la parapolítica.
La ganancia ha sido reducir las hectáreas cultivadas de hoja de Coca que según los datos de la Policía Nacional están ahora en 80.930 cuando en el momento tope estuvieron más allá de ciento cincuenta mil. Reducir también un poco el número de toneladas de cocaína exportada, que estuvieron en un promedio de 500 toneladas al año y ahora están en 450, según los cálculos oficiales. Lo cual indica que bajan las hectáreas de hoja de coca, pero la producción de cocaína no se reduce sustancialmente.
Poco. Para un esfuerzo en el cual Estados Unidos ha invertido 7.000 millones de dólares y nosotros no sólo hemos puesto dinero a manos llenas sino también miles de muertos y heridos.
Me dirán que eso ha permitido también golpear definitivamente a las Farc y eso es cierto. En eso consiste nuestra astucia. Le vendimos a Estados Unidos la idea de unificar la agenda anti-Farc y la agenda antinarcóticos y para cumplir esas dos agendas le sacamos del bolsillo a Washington 700 millones de dólares por año; pero la agenda anti-guerrilla progresó considerablemente y la agenda antinarcóticos sólo en una partecita muy pequeña.
De manera que ahora tenemos una reducción muy importante del fenómeno guerrillero, pero una persistencia indomable del tráfico de cocaína, porque este negocio está protegido por una parte de las élites regionales y de la clase política. Y los gringos no son del todo bobos para no darse cuenta del asunto.
Sobre la revisión de la estrategia antidrogas ya había hablado el Consejo de Relaciones Exteriores de Washington, un organismo independiente que no tiene nada de izquierdista o de crítico del sistema, en un brillante y esclarecedor informe llamado Andes 2020, realizado en el 2004, o sea, cinco años antes, en la mitad de la ejecución del Plan Colombia.
En esta misma dirección se pronunciaron recientemente los ex presidentes César Gaviria Trujillo, de Colombia; Fernando Cardozo, del Brasil, y Ernesto Zedillo, de México. Tres mandatarios pragmáticos y realistas que en el ejercicio de su gobierno aplicaron políticas de fuerza frente a las drogas siguiendo las directrices de Washington y luego se han dado cuenta de la inutilidad de los esfuerzos.
El gobierno colombiano debiera sumarse a la iniciativa de la revisión de la estrategia americana y aportar luces sobre el camino a seguir. Pero no lo va a hacer porque está muy cómodo en medio de la catástrofe en que vivimos.
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