En 1989 los grupos paramilitares del Magdalena Medio ya estaban más que afianzados en el territorio gracias a Ariel Otero y Henry de Jesús Pérez que convirtieron a Puerto Boyacá, Boyacá, en la "capital antisubersiva" del país y que se extendieron hasta Antioquia con la ayuda del campesino Ramón Isaza. Precisamente el 18 de enero de ese año, doce funcionarios judiciales que investigaban las desaparición de 18 comerciantes fueron asesinados, tres sobrevivieron.
El caso, que ocurrió en Simacota, Santander, y que sigue en la impunidad —aunque la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado, aún no se conoce los autores materiales— y por el que se ha señalado como responsables a una alianza entre los grupos paramilitares, narcotraficantes y agentes del Estado, se convirtió en la evidencia de que en Colombia la justicia era perseguida y silenciada.
El Centro de Memoria Histórica estableció en su informe La Rochela, memorias de un crimen contra la justicia, que entre 1979 y 1991, hubo un promedio de 25 jueces y abogados asesinados o que salieron vivos de un atentado por año.
"A partir de la masacre de la Rochela, como caso emblemático, se ilustrarán las múltiples formas de victimización de los operadores judiciales en Colombia", dice el informe, que revela que en el momento de la masacre la investigación estaba avanzando, por lo que 40 hombres que se identificaron como guerrilleros —versión que se desmitificaría luego— en un retén clandestino los hicieron subir a un par de carros porque habría combates, metros más adelante se detuvieron y con todos los hombres en los vehículos cometieron la matanza.
Wilson Humberto Mantilla, hoy fiscal especializado y uno de los tres sobrevivientes de la masacre, recuerda: "Fuimos designados para investigar los homicidios en el magdalena medio. El caso de los 19 comerciantes que venían de la ciudad de Cúcuta y que desaparecieron en esta región".
Luego de disparar indiscriminadamente, contó Wilson Humberto, sacaron los cuerpos de los carros y los arrojaron en la carretera, "afortunadamente pude salir con vida. En ese momento mantuve la calma, pude salvarme porque me hice el muerto".
El tiempo ha pasado, pero las intimidaciones siguen, Mantilla aseguró que tuvo esquema de seguridad hasta el año pasado, y Daniel Hernández, hijo de uno de los asesinados, denunció en una misa en el complejo judicial de Paloquemao, que su familia, y otras dos, han recibido amenazas.
Veinticinco años después no hay justicia y no hay tranquilidad.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
