El problema de la distribución de tierras en Colombia es endémico, a través de la historia se han ensayado todo tipo de fórmulas que han incluido la expropiación de predios no productivos, los más sonados han sido los del valle del Sibundoy en Nariño, los del Sinú en Córdoba y los del Patía en el Cauca, entre otros.
Cada Gobierno ha proclamado una reforma agraria, el Incora, en su momento, hizo de las suyas asignando tierras y creando distritos de riego que no han dado los resultados esperados para el desarrollo agrícola y pecuario del país. El discurso político de la distribución de la tierra ha sido equivocado porque a quienes se les han asignado parcelas, se les ha dejado a su propio destino; no se les ha dado la instrucción debida en cuanto técnicas de cultivo, ni la asesoría para elegir los sembrados adecuados de acuerdo a la condición de las tierras, tampoco la forma de administrar las parcelas; no se les ha dado los instrumentos de crédito adecuados y no se han generado los centros de acopio para garantizar la compra de cosechas; tampoco se han controlado a los agiotistas que han comprado las cosechas a costa del empobrecimiento de los campesinos y los entes del Estado como el ICA, el Incoder y el Ministerio de Agricultura tampoco han cumplido su función.
Todas las falencias descritas han sido caldo de cultivo para que los grupos guerrilleros, desde el M19, continuando con el EPL, el ELN y las Farc, entre otros, tomen las banderas de la mala distribución de la tierra y la falta de apoyo al campo y continúe la protesta armada frente a los entes del Estado. En las mesas de discusión de La Habana en Cuba, la guerrilla ha insistido en crear las Zonas de Reserva Campesina -ZRC- que no son otra cosa que repúblicas independientes en donde la autoridad del Estado y la institucionalidad se verán diezmadas porque los nuevos caciques liderados por las Farc y otras fuerzas subversivas asumirán el control.
Ya existen hechos cumplidos como la ZRC creada en el Catatumbo como consecuencia del acuerdo logrado entre el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y los promotores del paro del año pasado, pero esto no para aquí, ya se está legalizando con promoción del Incoder una nueva zona en Tibú, también como consecuencia de los acuerdos referidos.
Estos hechos cumplidos son una muestra que a pesar de que estos puntos no estaban acordados dentro de la agenda de los diálogos en Cuba, el Presidente Santos está haciendo todo lo contrario a lo que exclamó durante los paros: "No aceptaré presiones para crear las ZRC". Estas dualidades son las que han generado la desconfianza que nos preocupa a muchos colombianos sobre lo que se dialoga en La Habana y los acuerdos que en secreto se han definido.
Para qué entregar solo tierra a los campesinos desplazados y a los beneficiarios de las cacareadas ZRC, sin definir un plan de desarrollo del campo que integre a todos los entes para que de una vez por todas se solucione el problema de la tenencia de la tierra y su verdadero desarrollo. No sea que mediante expropiaciones se pretenda acabar con la diezmada actividad agropecuaria que aún existe en el país.
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