Antes de que sean los tribunales judiciales quienes decidan si le dan la razón a Empresas Públicas de Medellín (EPM), su contraparte, la Comisión de Regulación en Energía y Gas (Creg), se pronunció ayer.
Acostumbrado a solo pronunciarse mediante actos administrativos, el ente de control emitió ayer una comunicación en la que sienta su posición frente a los recientes reclamos de EPM.
El malestar surgió porque la Creg negó el 22 de diciembre pasado una reposición de EPM para evitarse el pago de unos 23.680 millones de pesos, a lo que asciende la ejecución de la garantía por incumplir los plazos para poner en operación la central hidroeléctrica Porce IV, en el norte de Antioquia.
Al respecto, la Creg señaló que se compromete la futura prestación del servicio de electricidad si se debilitan las garantías que respaldan la ejecución de los proyectos de generación que mediante una subasta le es asignada una energía firme y una fecha para entrar en operación (cargo por confiabilidad).
"Los inversionistas construyen un proyecto por su cuenta y riesgo para respaldar obligaciones de suministro de energía. En contraprestación, reciben una remuneración fija hasta por 20 años. La regulación contempla diversas opciones para manejar el riesgo y así asegurar el suministro de energía eléctrica en el país", explicó el nuevo director de la Creg, Germán Castro Ferreira.
En el caso de Porce IV, cuya construcción se avaluó en 811 millones de dólares en 2007 y que a partir de diciembre de 2015, tenía un cargo por confiabilidad de 1,82 millones de megavatios hora-año que debía generar con sus 400 megavatios de capacidad instalada.
Pero EPM frenó su construcción en diciembre de 2010, tras haber invertido más de 60.000 millones de pesos, en vista del aumento de la población en la zona, de 2.799 personas en junio de 2006, a más de 14.500 en marzo de 2010. EPM alegó ante la Creg motivos de fuerza mayor para no cumplir con el cronograma del proyecto y así evitar el pago de la garantía.
En el momento oportuno, afirma la Creg en su comunicado, "manifestó (a EPM) su falta de competencia para iniciar una actuación administrativa orientada a declarar un evento eximente de responsabilidad".
Y esto es lo que le rebate EPM al ente regulador, que decidió sobre Porce IV sin conocer las difíciles condiciones de la zona del proyecto, ateniéndose al informe de auditoría realizado por la empresa Sedic, que concluye un incumplimiento grave e insalvable del proyecto.
Ahora, la última decisión la tendrá un juez. Mientras tanto, la regulación contempla que los cerca de 23.680 millones de pesos de la garantía sean destinados a reducir las tarifas de energía.
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