El lector Manuel Giraldo S. pone un tema de discusión fundamental: el derecho a la información. Dice: "...en las elecciones que acaban de pasar se habló de establecer control a los periodistas para hacer y divulgar las encuestas electorales. En la universidad hicimos un pequeño debate en clase sobre el derecho a la información, pero no volví a escuchar nada de esto. Tampoco de la demanda a la censura que les pusieron a los periodistas el día de elecciones, en nombre del mantenimiento del orden público. ¿Puede usted orientarme sobre esta inquietud que me preocupa como estudiante de derecho y ciudadano común...?".
Tiene razón el lector, se ha informado poco y bien vale la pena hacer una reflexión y estar atentos.
En realidad, el Consejo Nacional Electoral estuvo analizando las normas legales que regulan la realización y publicación de las encuestas políticas sobre intención de los votantes. Y aunque no tomó decisiones, los medios de comunicación encendieron las luces de alerta, porque eventualmente el cuestionario tendría que someterse a una revisión previa. Muchos juristas y periodistas ven en este procedimiento un acto de censura, contrario a la Constitución y a las disposiciones internacionales.
En la columna del 31 de mayo expresé mi opinión contraria a estos controles. Creo que el principio de responsabilidad es que se debe invocar. Al respecto escribí, adicionalmente: "Quizá el mejor control sea la competencia. Si no son idóneas se desprestigiarán las firmas encuestadoras que se presten para favorecer a un candidato y los medios perderán credibilidad".
Sería conveniente una discusión amplia, ahora que no tenemos los apuros del debate electoral, con la participación de empresas encuestadoras, medios de comunicación, gremios periodísticos, partidos políticos, Congreso, Consejo Nacional Electoral y universidades.
Sobre el control a la información de orden público y otros asuntos, dispuesto por el gobierno nacional en las últimas jornadas electorales, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, la Misión de Observación Electoral, Medios para la Paz, la Asociación de Diarios Colombianos, Andiarios, y la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, interpusieron una tutela contra el Ministerio del Interior y de Justicia por la expedición de este decreto 1800 de 2010.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la tutela aduciendo la necesidad de preservar el orden público y la tranquilidad el día de elecciones.
Según manifiesta el informe sobre la libertad de prensa en el proceso electoral presidencial 2010, "las organizaciones sostienen que las restricciones no son útiles en la medida que no se asegura ni se prueba que efectivamente éstas vayan a preservar el orden público en el día de las elecciones. En segundo lugar, la medida no es necesaria porque se podría preservar el orden público utilizando medidas diferentes que afecten en menor medida los derechos fundamentales mencionados. Y en tercer lugar, se considera que la medida es desproporcionada toda vez que los perjuicios para los derechos fundamentales a la libertad de expresión, prensa e información son mayores a los beneficios que se buscan con las restricciones".
El fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca fue apelado ante el Consejo de Estado el pasado 18 de junio. Sobre este asunto también valdría la pena un debate en las facultades de derecho, periodismo y comunicación, y en las salas de redacción, porque con el control pretendido a las encuestas y las restricciones a periodistas y medios el día de elecciones, se puede poner en riesgo el derecho a la información. Igual que con el proyecto de ley que busca sancionar a los medios en relación con el Código del Menor.
Estos asuntos merecen nuevos análisis...
*Defensor del lector de EL COLOMBIANO
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