La caída de la Torre 6 del conjunto residencial Space ha abierto espacios de discusión profunda no solo en la ciudad, si no en el país. Discusiones de carácter administrativo, técnico, político, de ética profesional en los negocios, públicos y privados.
También sobre la solidez de la estructura constructora en Medellín y el Área Metropolitana; del ordenamiento territorial, la expedición de licencias –incluidas las funciones de Planeación Municipal y curadurías-, la acreditación de las constructoras, el control de las obras y la regulación de un mercado (responsable y racional) desde las agremiaciones constructoras mismas del orden departamental y nacional.
El impacto de la caída de un edificio residencial en plena zona urbana causó verdadera conmoción nacional. Motivó desde intervenciones del presidente y el vicepresidente de la República, el ministro de Vivienda, el procurador general de la Nación, alcalde, concejales, etc.
El Concejo de Medellín, el pasado miércoles, abordó preliminarmente algunos de estos temas. La Alcaldía de Medellín instaló una Mesa de Autoridades para el seguimiento a las investigaciones iniciadas esta semana. Ayer tuvieron la primera sesión, y el próximo miércoles tendrán otra.
Varias entidades han hecho llamamientos para no incurrir en generalizaciones ni señalamientos arbitrarios. La recomendación es prudente, pero debe enmarcarse en este debate tan necesario sobre la calidad de la oferta de vivienda y locales comerciales en un área conurbada en la que inevitablemente el crecimiento de la ocupación se impone en densidades de altura, dada la estrechez y problemas de ladera del Valle de Aburrá.
Esa revisión debe incluir un examen pormenorizado de la solvencia de aquellas empresas constructoras que no cumplan los estándares de calidad y responsabilidad, pues así como hay muchas con gran trayectoria de cumplimiento, hay otras que presentan falencias. Hay que hacer un esfuerzo adicional para verificar el origen y calidad de los materiales, de los protocolos de seguimiento de las normas técnicas y urbanísticas, y del cumplimiento de las ofertas de venta.
Space está significando un costo muy alto para la ciudad en términos de imagen de su gremio constructor, en la preocupación y el malestar ciudadanos por la calidad y seguridad del producto que se recibe y frente a la confianza inversionista, si no hay señales de que este episodio será esclarecido con la mayor seriedad y con la aplicación de correctivos que exige una tragedia que pudo haber sido aún mayor en vidas humanas, de no haber sido evacuada previamente la torre que cayó.
Debemos reiterar que no queremos anticiparnos, por la densidad de responsabilidades e implicaciones que la tragedia tiene, a sacar conclusiones ni a dañar reputaciones, pero sí nos sentimos partícipes del deber de despertar la eficacia y rigor para el manejo de la actividad constructora en la segunda ciudad del país, su Área Metropolitana y el departamento.
Lo de Space no se puede quedar en un cúmulo de denuncias y recriminaciones sin efectos concretos. Esas 11 vidas que siguen en vilo, los costos sociales y económicos para familias y empresas, e incluso el gasto y el desgaste del aparato municipal de emergencias, no pueden quedar reducidos a los escombros de lo episódico. De aquí tenemos que sacar lecciones, todos.
Medellín no se puede permitir en el futuro un nuevo descalabro de estas proporciones. Tenemos encima los plazos para la discusión del nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT). La sociedad civil, los expertos, deben participar activamente en su discusión. Nada se gana con lamentarse ante obras caídas si, habiendo tenido la oportunidad, no se les hizo conocer a las autoridades (Alcaldía, Concejo) las reales necesidades de la población y sus aspiraciones de vida en la urbe.
No hay que incurrir en el catastrofismo, diciendo que todas las obras están mal hechas, pero tampoco en la desestimación de las alertas. Como es tradición en Colombia, ya hasta se está proponiendo eliminar las curadurías urbanas, nuevamente tan cuestionadas. Hagamos, más bien, una exigencia persistente para que todas estas entidades funcionen bien y cumplan las normas.
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