Una batalla de micrófonos entre la Procuraduría y la Presidencia se desató por cuenta del anuncio del Ministerio Público de iniciar la aplicación de la denominada Ley de Garantías Electorales.
Por un lado, el presidente Juan Manuel Santos defiende su interés de seguir inaugurando obras y vías y por el otro el Ministerio Público intenta evitar que con ellas se haga proselitismo.
"La Ley de Garantías tampoco puede impedir que el presidente siga ejerciendo la Presidencia de la República, sería absurdo, sería totalmente contraproducente", señaló Santos con respecto a los anuncios que hizo el ente de control.
Según María Eugenia Carreño, procuradora Delegada para la Función Pública, "los alcaldes, gobernadores y demás autoridades del mismo nivel no podrán celebrar convenios interadministrativos con el gobierno para la adquisición de viviendas que se ejecuten en proyectos promovidos, gestionados o construidos por entidades territoriales, centralizadas o descentralizadas".
E insistió en que "está prohibida la inauguración de obras públicas, es decir, ningún gobernante podrá hacer la entrega de viviendas, ni efectuar los sorteos para la entrega de subsidios o realizar las convocatorias de los proyectos que se ejecutan en el marco del programa de vivienda gratuita, realizando actos inaugurales que puedan confundirse con actividades de tipo proselitista o clientelista, ya que con ello se puede viciar la voluntad del elector".
Para la Presidencia, que tiene la reelección rondándole la cabeza, es un paro en seco a su trabajo y a los resultados que a través de las maratones quiere presentar por todo el territorio nacional.
El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, el más afectado por la decisión, salió a controvertir la posición de la Procuraduría. Además de pedir una cita con Carreño, también señaló que en sus cuentas la Ley de Garantías se empezaría aplicar solo a partir del 25 de enero de 2014.
Para Henao, la decisión lo deja sin el plan insignia de su Ministerio y a la vez de la presidencia de Santos, pues los tipos de contrato que se han firmado con las empresas constructoras especifican que el pago se hace en el momento de la entrega y si no hay una entrega formal, dice, no habría cómo terminar la ejecución de los contratos restantes.
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