Son poderes legales, políticos y privados los que, aliados con la criminalidad, intentan frenar o poner en riesgo el proceso de restitución de tierras. Así lo asegura Paula Gaviria, encargada desde la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de diseñar y coordinar políticas para la garantía de los derechos de los afectados por el despojo de tierras.
En entrevista con C olprensa , Gaviria también explica el trabajo que se viene adelantando desde esta dependencia (que en 10 años manejará 54 billones de pesos en recursos) para atender a las víctimas, a través de 61 puntos de atención dispuestos en el país.
¿Cómo será la participación de las víctimas en la Ley?
"A finales de marzo, personerías y defensorías tienen que tener ya inscritas las organizaciones que van a hacer parte de las mesas de participación. Tiene que haber víctimas en la junta directiva de la Unidad de Gestión de Tierras Despojadas y el Comité Ejecutivo, que es la máxima instancia de la política de la ley".
¿Cómo blindar el proceso para que no resulten beneficiados los victimarios?
"Partimos de la confianza y la buena fe de las víctimas, ellas pueden llegar sin su documento de identidad, para presentar una declaración y un formulario que diseñamos y con el que pretendemos identificar el daño causado, el hecho y el año. Luego se inicia un proceso de valoración que es lo que hace que entre al Registro Único de Víctimas y allí hay controles permanentes para que nos demos cuenta si hay o no fraude".
Los líderes del proceso de restitución siguen siendo asesinados. ¿Qué hacer para impedir que siga pasando?
"La idea es activar todas las denuncias, las veedurías ciudadanas y regionales. La Unidad diseñó un esquema inicial de medidas especiales para los líderes de restitución de tierras que tiene 621 personas. Hay 27 líderes con esquemas de seguridad individual y cinco en esquema de seguridad colectiva".
¿Quiénes quieren impedir que se lleve a cabo la restitución de tierras?
"Hay poderes locales que siguen, que preexisten, a pesar de los esfuerzos del Estado, poderes locales relacionados con la ilegalidad. Persiste y atraviesa todo esto la fragilidad histórica del Estado en algunas partes del país, la presencia del narcotráfico y pues estas personas y organizaciones no quieren perder ese poder político finalmente".
¿No sería conveniente que se diga públicamente quiénes son, por ejemplo en Urabá?
"El caso de Urabá es muy diciente porque lo que se sabe con el monitoreo es que la mayor presencia y cantidad de acciones violentas son de las Farc. Sin embargo, el poder de temor de las bacrim es muy alto y la única explicación es que haya relaciones con el poder legal y con esto me refiero no solo a las instituciones sino al poder privado. Eso es una necesaria relación que se hace allí. Creo que la decisión del presidente Santos de implementar la Ley de Víctimas y la afirmación de que no hay zonas vedadas va acompañada de judicialización de casos. Estamos empezando en esto, hay una decisión absoluta de la Fiscalía de fortalecer la persecución de los bienes de los victimarios".
¿El mensaje es que se va a restituir a pesar de los intereses políticos y privados de impedirlo?
"Claro y se va a judicializar a estas personas, a perseguir los bienes de los victimarios adquiridos de forma ilegal o legal y a las personas que han contribuido a violar los derechos de las víctimas".
¿Vamos a estar preparados para que el país sepa de quiénes estamos hablando?
"Creo que sí. Es el momento de avanzar conjuntamente como sociedad, identificando de una buena vez a estos grupos de personas que se resisten a reconocer que el país está cambiando, que llegó el momento de las víctimas. Creo que estamos frente a una revolución importante, una gran apuesta y no podemos dejar al Estado solo en esta tarea, por eso necesitamos las denuncias".
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