En medio de la carretera, sobre la vía al mar, en una apartada zona del occidente de Nariño, jurisdicción del municipio de Ricaurte, fueron veladas las 12 víctimas de la masacre perpetrada el pasado 25 de agosto en el resguardo El Gran Rosario, en zona selvática del puerto de Tumaco.
"No podemos permitir que este tipo de hechos sigan pasando sin una acción determinante del gobierno nacional, por eso decidimos acudir a este medio de rechazo para que nos pongan cuidado", señaló uno de los nativos, miembros de la Guardia Indígena que permanece al cuidado de los féretros sobre la vía.
Una vez fueron entregados los cuerpos por parte de Medicina Legal en Tumaco, los nativos los transportaron hasta Ricaurte, donde se dispuso celebrar la ceremonia ritual para el entierro.
En el lugar, en donde hicieron presencia el Gobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolff, delegados de la Defensoría del Pueblo, de la ONG Human Rights Watch y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se busca realizar una reunión con voceros del gobierno y concretar un compromiso estatal para garantizar la seguridad de los aborígenes que, durante este año, han puesto una cuota de 32 muertos en hechos violentos.
"Ya llevamos varias decenas de nuestros compañeros caídos a manos de los violentos y hasta ahora no hemos encontrado una voluntad real por parte del Gobierno, para garantizar nuestra protección", dijo Gabriel Visbicus, Consejero Mayor del Pueblo Awá.
A su llegada al lugar, el Gobernador del departamento indicó que buscará la presencia del Presidente, Álvaro Uribe, en el Resguardo de la Comunidad Awá, para propiciar una mayor confianza de los nativos hacia el Estado y el compromiso de garantizar el máximo esfuerzo para la seguridad.
Denuncia internacional
La organización indígena insiste en que en esta nueva masacre podría estar implicado el Ejército, pues Tulia García, una de las víctimas, fue la única testigo de la muerte de su esposo Gonzalo Rodríguez, a manos de militares el pasado 23 de mayo.
La mujer, según las autoridades nativas, había denunciado amenazas contra su vida en días anteriores, por lo que presumen que los hechos estarían relacionados.
"Esperamos que en esta ocasión no esté implicado el Ejército, pues sería gravísimo; y así quedaría demostrado que no sólo el gobierno no demuestra voluntad en proteger a sus comunidades indígenas, sino que además estaría detrás de sus muertes", indicó Luis Evelis Andrade, Presidente de la Organización Indígena de Colombia.
Este sábado, a la espera de la visita del Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio a la zona, permanecen los indígenas; sin embargo, las condiciones climáticas no permitieron que el helicóptero pudiera aterrizar.
Mientras tanto, los aborígenes señalaron que su interlocución con el Gobierno o sus voceros será necesaria, pues preparan una denuncia de carácter internacional al considerar que no hay garantías. "Aquí todo parece muy claro, necesitan nuestras tierras y por eso corre sangre indígena, si no hay garantías del Gobierno para nuestra protección y la de nuestras familias, nos exterminarán", puntualizó Oscar Ortiz, Secretario General de la Organización Awá.
