Hoy, vaya paradoja, después de la sangre derramada de cientos de jueces, fiscales, policías, abogados, periodistas e incluso ministros, los narcos convirtieron su extradición y su entrega voluntaria a las autoridades de E.U. en una oportunidad de borrar su prontuario y de salvar parte de sus fortunas, mediante negociaciones, basadas en la delación, que les permiten, al término de penas irrisorias, permanecer en ese país incluso con identidad protegida.
Esta generación de mafiosos y narcoparamilitares, que la TV retrató como "el Cartel de los Sapos", decididos a colaborar con las agencias del Departamento de Justicia de E.U., continúa personificándose. Un informe especial de este diario constató por lo menos cinco casos -además del ya conocido y reciente de Juan Carlos "el Tuso" Sierra - de narcos con probados y extensos prontuarios criminales que han pagado entre tres y ocho años de cárcel y ya disfrutan de libertad y de lo que les queda de sus fortunas, tras negociar con la justicia norteamericana.
De aquella guerra demencial contra la temida extradición, mafiosos y narcoparamilitares pasaron, entonces, a encontrar en las cortes estadounidenses penas cortas, tan cortas que en algunos casos tardó más su persecución que su estadía tras las rejas.
Seguir y desbaratar estas redes criminales, con tentáculos trasnacionales, no solo ha cobrado la vida de cientos de funcionarios judiciales en Colombia y Latinoamérica, sino que además implica gastos onerosos en materia operativa, logística y de inteligencia. Y ni qué decir del desestímulo que significa para hombres entrenados e infiltrados pacientemente que luego ven a sus objetivos de años cumplir condenas a veces comparables con las que se le aplican a un ladrón de supermercado.
La otra cara de esta moneda con que los narcos están pagando sus delitos es la de la impunidad y las víctimas en Colombia: negocian en E.U. y se quedan a vivir allí, mientras que aquí se empolvan sus expedientes por asesinatos, extorsiones, desplazamientos forzados o desapariciones. Un fiscal le aseguró a El Colombiano que estos "gangazos judiciales" le envían a la sociedad el mensaje de que "el crimen sí paga". Entre tanto, los afectados no reciben ni verdad ni justicia ni reparación.
Es imperioso que, como lo advirtió nuestro informe, se revisen y ajusten los mecanismos de cooperación. Que por lo menos si allá estos delincuentes logran rebajar la carga penal, pues tan pronto cumplan sus sentencias sean deportados para asumir sus procesos activos en Colombia.
La idea de que los "Narcos buscan jubilarse en E.U." resulta chocante. Lo dijimos en el editorial del pasado 15 de mayo: debe evitarse que los acuerdos de mafiosos con el sistema en E.U. resulten tan devastadores para nuestra justicia y dignidad nacional. La extradición, como mecanismo de cooperación, no se debe desnaturalizar ni convertir en recurso para "desencartarse" de criminales inmanejables en Colombia. No se puede permitir que sea vista como el viaje de peligrosos narcos a aliviar las penas de sus crímenes.
EL PROBLEMA ES DEL SISTEMA NUESTRO Y DE LA EXTRADICIÓN MISMA, NO DEL PROCESADO
Por GERMÁN NAVARRETE
Abogado penalista, docente universitario y defensor en casos de extraditables
La política criminal en Colombia está orientada a aumentar penas y a crear delitos. Eso lleva incluso a que el país tenga penas mucho más altas que otros países para delitos menores.
Con el narcotráfico pasa igual: hay penas muy altas, pero el fenómeno y sus actores no disminuyen. Aumentaron las penas para el secuestro, pero el secuestro tampoco se redujo. Igual, con el hurto.
Esa corriente puramente punitiva no es eficaz. En E.U. la política criminal busca que el procesado permita crear herramientas eficaces para acabar con los delincuentes y el delito y, a cambio, reciba beneficios, rebajas. Se trata además de que dé información concreta, precisa y veraz y no falsos testigos como pasa aquí con frecuencia.
Se detiene, así, con mejores resultados, el macrodelito contra el Estado y la sociedad.
Los extraditados están en el derecho de acogerse a la legislación a la que le entregan información. Por eso el mecanismo de la extradición, como tal, se ha desgastado. En Colombia a los funcionarios judiciales los estimula, incluso, la recompensa y por eso, en falsos positivos, mandan a E.U. a vendedores de lechuga. Si Colombia declina su persecución o castigo a un delincuente, y lo deja en manos de otro Estado, el problema es de nuestro sistema, no de quien se acoge a las condiciones de un sistema más pragmático.
