En el ámbito mundial se producen 1.240.000 muertes al año en accidentes de tránsito, 23 % de ellas causadas por motociclistas (informe de la Organización Mundial de la Salud sobre Seguridad Vial, 2013). En 2010 existían en América Latina 422 millones de vehículos matriculados, de los cuales 38 eran motocicletas, cuyos conductores protagonizaron el 15 % de los accidentes de tránsito (estudio realizado en 17 países entre 1998 y 2010, a instancias de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud International, publicado en Journal of Injury Control and Safety Promotion, 2013. El país con mayor mortalidad es Colombia (3,6 por 100.000 habitantes).
Las cifras nacionales tampoco mienten: según el Anuario Estadístico de Accidentalidad Vial de 2011, el 40 % de los vehículos involucrados en accidentes de tránsito con fallecidos fueron motocicletas: 2.345 personas, 86 % por ciento de ellas hombres, casi siempre entre 20 y 24 años, y 16 % mujeres; el número de lesionados fue de 19.147, 71 % hombres de iguales edades, esto es, el 53,7 %, cifra que, además, duplica la de los automóviles (24,9 %). Estos guarismos, se estima, se elevaron en 2012 y 2013.
Así mismo, en materia de reclamaciones, más del 77 % del total del dinero pagado por las aseguradoras fue solicitado por personas involucradas en accidentes de tránsito con motociclistas, con la advertencia de que –dada la naturaleza del SOAT– las tarifas para las propietarios de esos aparatos se financian en parte con los pagos del restante parque automotor del país. De igual forma, los usuarios de motocicletas son quienes más reclamaciones económicas presentaron en ese lapso: 317.171 acciones, equivalentes al 79,5 % del total, y recibieron el 77.3 % de los dineros cancelados a título de indemnizaciones.
Y no es para menos, porque muchos irresponsables e indisciplinados conductores de moto –¡no todos…– no observan ninguna norma de tránsito: van en contravía; da igual si transitan por el carril derecho o por el izquierdo, sin importar la distancia; llevan a cabo adelantamientos peligrosos y a altas velocidades. Es más: no respetan señales de pare, cebras o semáforos; invaden las aceras; van en zig zag; y, si marchan en grupo, no hacen fila. También, algunos conducen bajo los efectos de drogas que causan dependencia; no utilizan casco, prendas reflectivas ni luces (¡conducir sin estas últimas, sobre todo en la noche, da estatus…). No indican giros y cambios de carril con la debida anticipación; se sujetan a otros vehículos; no utilizan silenciadores en sus motores o hacen visitas por celular sin manos libres; el mototaxismo irregular e incontrolado hace de las suyas por doquier, etc.
En otras palabras: esos motonetistas hacen todo lo posible para no cumplir los artículos 94 y 96 de la Ley 769 de 2002 y concordantes; implantan el caos, la ley de la selva, la incultura, la desobediencia y la arrogancia, fenómenos que impiden la armónica convivencia. ¡Manejar un vehículo automotor o ser peatón hoy, es una proeza…
Por ello, este gravísimo fenómeno –¡así ello no le guste a la demagogia electorera y populista del Partido MIRA…– impone intervenir con urgencia para realizar acciones como estas: elevar las exigencias en los cursos de conducción y para la entrega de licencias; no subsidiar más el SOAT; combatir la asfixiante corrupción policial en este sector; hacer la revisión técnico-mecánica y de gases cada año (¡que es obligatoria…); realizar campañas de prevención muy agresivas e imaginativas; mejorar la infraestructura vial y la señalización; instalar cámaras de seguridad, etc. Pero, sobre todo, es perentorio que las paquidérmicas autoridades actúen y adelanten los procedimientos e impongan las sanciones.
Por supuesto, tener un medio de transporte como este en una sociedad globalizada, injusta y desigualitaria, es una conquista de todo ciudadano digna de preservarse, pero ese legítimo derecho impone responsabilidades y compromiso social; también a las autoridades debe recordárseles que, si no cumplen o aplican con transparencia la ley, prevarican y apuntalan el derrumbe institucional.
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