La Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General se apropió de la investigación para determinar los hechos y los culpables en el homicidio del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, ocurrido en 1995.
Según fuentes de la Fiscalía lo que se busca es construir un contexto social, político y económico del momento del país cuando ocurrió el magnicidio, con el fin de determinar la posible relación entre muertes ocurridas durante el desarrollo del que se llamó Proceso 8000 y la de Gómez Hurtado.
Proceso 8000 se llamó genéricamente a las investigaciones y los procesos judiciales iniciados debido a la infiltración de dineros del narcotráfico durante la campaña presidencial en la que fue elegido Ernesto Samper Pizano.
Se verificarán, por ejemplo, los procesos por los homicidios de Elizabeth Montoya de Sarria, conocida como ‘La monita retrechera’; del conductor de Horacio Serpa, de nombre Darío Reyes Ariza, y del sobrino de Hernando Gómez Bustamante (alias 'Rasguño'), Diego Andrés Buitrago.
Asimismo se analizará la muerte de la hermana de Orlando Henao Montoya, Lorena, y el atentado al abogado Antonio José Cancino.
Dicha inspección judicial a estos homicidios se realizará para verificar hipótesis entre las que se encuentra las causas que originaron los homicidios y las circunstancias que los puedan vincular con el magnicidio de Gómez Hurtado y de su escolta, José del Cristo Huertas Hastamorir.
Así las cosas, en junio pasado fueron solicitadas las declaraciones de Guillermo Pallomari González, quien fuera contador y uno de los hombres de confianza de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, de Humberto Agredo Espitia y del narcotraficante Juan Carlos Ramírez Abadía, alias 'Chupeta'.
Víctor Julio Patiño Fómeque (quien purgó una condena por narcotráfico en Estados Unidos y del que se dice estaría liderando algunas bandas criminales tras su regreso a Colombia) y el exministro de defensa Fernando Botero Zea, también fueron llamados a declarar.
En los últimos días, la familia del ex candidato presidencial, asesinado a la salida de la Universidad Sergio Arboleda en 1995, solicitó al ente acusador declarar el hecho como crimen de lesa humanidad.
Una vez terminen las pesquisas correspondientes las autoridades competentes determinarán si es procedente declararlo con esa calidad.
