El combate al crimen organizado se convirtió en un desafío global, en la medida en que se trata de una actividad delictiva transnacional que no respeta fronteras.
En Medellín, donde se realizó la décima versión de la Conferencia Regional de la Asociación Internacional de Jefes de Policía, 44 delegaciones del mundo compartieron estrategias para hacer frente a esas redes criminales, cada vez más sofisticadas y extendidas.
Quedó claro que el narcotráfico es la demostración palpable de la existencia de una multinacional del crimen, con operaciones en diferentes continentes y vinculada a los más diversos ilícitos.
Tráfico de armas, de personas, lavado de activos, extorsión, terrorismo, muertes selectivas, corrupción y, en tiempos recientes en Colombia, la minería ilegal, son algunos de los flagelos asociados al narcotráfico, que requieren un trabajo mancomunado entre los estados.
Ya no basta el esfuerzo de un país en particular, pese a lo sacrificado que este sea. En un lapso de cinco años, la lucha contra el crimen organizado ha dejado en Colombia 3.500 policías muertos y 27 mil heridos. En la guerra contra el cartel de Medellín fueron asesinados en esta ciudad, en solo un año y medio, 700 policías.
Por eso, Colombia no sólo tiene la experiencia, sino también la autoridad moral para decir que, pese a que los resultados no son los esperados, la lucha no está perdida como para dar paso a la legalización de las drogas o a la despenalización del microtráfico.
Cierta permisividad lo único que ha hecho es abrir una tronera, al punto de pasar de país productor a ser un país consumidor de drogas.
Por eso, en lugar de alianzas para legalizar, lo verdaderamente necesario es la cooperación internacional para enfrentar las nuevas dinámicas del crimen organizado.
Sin embargo, existen numerosas barreras que impiden avanzar con la necesaria celeridad en este proceso.
Pese al hecho reconocido de que cada vez es más compleja la lucha institucional de cada Estado, sigue siendo muy tímida la cooperación entre países productores y consumidores, además de los que sirven de ruta.
También, entre estados limítrofes, cuando las fronteras porosas y la debilidad institucional o la falta de un real compromiso político facilitan que los delincuentes se refugien en territorios vecinos.
La captura de integrantes de organizaciones terroristas y jefes de bandas criminales, entre ellas la más reciente la de "Diego Rastrojo" en Venezuela, hace evidente que ante el acoso de las autoridades en el ámbito local, los delincuentes pretenden evadir la justicia huyendo a otros lares.
De ahí la necesidad de ahondar en mecanismos de colaboración entre los Estados y diseñar otros para que la Fuerza Pública comparta información de inteligencia, para evitar que las fronteras pongan límites en la lucha globalizada que hoy se hace imperiosa, ante la característica que ha adquirido el crimen organizado.
Acuerdos como los firmados entre Colombia y México dan cuenta de la posibilidad de tener un proyecto conjunto de investigación policial y cooperación judicial, que podría extenderse a todo el continente, para enfrentar el terrorismo y el narcotráfico.
Así mismo, hoy más que nunca, es preciso que la sociedad civil tome conciencia de la necesidad de colaborar con las autoridades para desmantelar estas organizaciones, al tiempo que rechace sus prácticas en todos los órdenes de la vida cotidiana, en particular su cultura del dinero fácil.
Hay que tener en cuenta que el crimen organizado es un factor grave de desinstitucionalización que, con su poder corruptor e intimidatorio, afecta las garantías ciudadanas y los derechos de las personas.
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