No vamos a incurrir en la simpleza de decir que esto no sucede sino en Colombia. En países del primer mundo también hay dolorosas tragedias en las que los niños son víctimas. Pero en ellos se toman correctivos y se asumen responsabilidades políticas. En nuestro país no. Salvo la carga penal que indiscutiblemente cabe al responsable directo del bus y a su conductor, aquí nadie más se siente aludido y se limitan los gobernantes a dar pésames y a prometer que eso no volverá a ocurrir.
Es escalofriante, además de indignante y vergonzoso, hacer el recorrido de las irregularidades del bus que transportaba a los niños de Fundación, Magdalena. Según el comandante de la Policía de Tránsito y Transporte, general Carlos Ramiro Mena, el conductor del autobús no tenía licencia de conducción. Es decir, legalmente no podía siquiera estar conduciendo. Así y todo, tenía multas impagadas por violación a las normas de tráfico.
Además, según reporte de la Policía, incurrió en una de las temeridades más comunes pero más peligrosas: verter gasolina directamente al carburador, lo que ya ha generado incontables desgracias en todo tipo de vehículos de nuestro país. Tan grande irresponsabilidad hizo saltar las chispas que consumieron en llamas el bus, y con él las vidas de 33 inocentes que venían de una iglesia evangélica. El chofer no lo vio, porque huyó del lugar, sin auxiliar a nadie.
Como si esto fuera poco, el autobús no tenía el seguro obligatorio (Soat), no había cumplido el requisito de la revisión técnico mecánica, no tenía salida de emergencia, la puerta trasera estaba sellada, viajaba con sobrecupo (casi 50 personas) y, también según la Policía, cargaba de forma ilegal pimpinas de gasolina. ¡Un listado de irregularidades que no cabe ni en un concurso mundial de incumplimiento criminal de todas las normas de tránsito y transporte…
Los mensajes que ayer emitieron las autoridades concernidas en el asunto de hacer cumplir las normas de tránsito (la Ministra de Transporte, el Superintendente de Puertos y Transporte, el comandante de Policía de Carreteras) fueron que quien contrató el autobús para transportar a los niños desde Fundación hasta la iglesia, no había verificado que el bus cumpliera los requisitos para ese tipo de movilización. Es posible que tal señor no tuviera el buen cuidado de cerciorarse sobre las condiciones del autobús o la idoneidad del conductor.
Pero los colombianos quisiéramos que, aparte del cuidado individual que a todos nos toca, tuviéramos autoridades eficaces que cumplieran su labor. Que no sucumbieran ni a la presión del lobby de los transportadores que impiden controles (que asumen como persecución), o peor, a la corrupción que hace que se imponga la vista gorda ante tamañas irregularidades, que permanecen inalterables hasta la siguiente tragedia.
Treinta y tres vidas perdidas de niños, en tan dantescas circunstancias, es una tragedia nacional. Que podría volver a repetirse en cualquier momento, en cualquier lugar (esto no son cosas de la Costa, como se ha dicho) si no se controlan las cosas por quien corresponde.
EN MUCHAS POBLACIONES EL TRANSPORTE SE HACE DE FORMA ARTESANAL
Por GENERAL CARLOS RAMIRO MENA
Director de la Policía de Tránsito y Transporte
El control del tránsito en poblaciones como Fundación, lo hacen los guardas de tránsito, son grupos operativos que dependen de las alcaldías. La Policía Nacional, a través de la Policía de Carreteras, hace control en las carreteras nacionales.
Este vehículo, además de no tener Soat ni revisión técnico mecánica, había sido sacado de esta modalidad de transporte especial desde mayo del año pasado.
Ahora, no debemos tapar el cielo con las manos. En muchas poblaciones el transporte urbano se hace de manera casi que artesanal, es informal, en el que, desafortunadamente las personas por ahorrarse equis o ye cantidad de pesos, contratan directamente con un conductor, sea amigo o vecino, que tenga un carro, sin saber si cumple o no con los requisitos. Ese es el primer llamado que le hacemos a la comunidad: cuando necesiten algún servicio de transporte especial, acudan a las empresas debidamente constituidas que cumplen con los requisitos y están inscritas en el Ministerio de Transporte.
Aquí hay una responsabilidad penal para quienes tuvieron que ver con esto, directa o indirectamente.
