El movimiento político Marcha Patriótica, que reúne a cerca de 2.000 organizaciones sociales, podría disolverse por falta de garantías para ejercer la oposición, denunció su directora, la exsenadora Piedad Córdoba, quien aseguró que el presidente Juan Manuel Santos conoce la situación y con quien se reunirá para discutir el tema.
Córdoba denunció que desde que se creó la colectividad, han sido asesinados 29 militantes, y otros, por una "persecución", han sido detenidos y procesados con testimonios y pruebas falsas.
"Pensamos que no vale la pena exponer a la gente, exponer a los dirigentes a una situación tan peligrosa que no solamente se consigna en los señalamientos, en las estigmatizaciones, en el desplazamiento, en la desaparición sino ya en los asesinatos y en la muerte política de muchos de nosotros. En esa idea, pues es muy irresponsable de parte nuestra no pensar en que alguna decisión tenemos que tomar para proteger a quienes hacen parte de la misma organización", declaró Córdoba.
La exsenadora dijo que los miembros de la colectividad se han convertido en un objetivo político y que el Movimiento se siente en una situación similar a la que en su momento vivió el partido Unión Patriótica, cuyos miembros fueron asesinados sistemáticamente por una alianza entre fuerzas paramilitares, narcotraficantes y del Estado.
Lo preocupante para el Gobierno, dijo Piedad Córdoba, es que las amenazas y los asesinatos suceden en medio de un proceso de paz en el que convienen con las Farc garantías políticas para la participación política, sobre todo de los movimientos de izquierda. "Sería muy negativo para la sociedad que pudiera hablarse de que un movimiento tuviera que desaparecer. Eso no dejaría muy bien parado el proceso, sería un golpe muy duro para la Mesa e internacionalmente sería de pésimo recibo", dijo.
Por otro lado, denunció que existe un cartel de fiscales, testigos falsos e incluso declaraciones de exguerrilleros que dan falso testimonio a cambio de beneficios jurídicos, que están contribuyendo a que se ejecute una persecución judicial en contra de miembros de la colectividad.
Piedad Córdoba dijo que en la última reunión que tuvo con el presidente se habló de este tema.
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