El debate y la polarización que hay en el país frente a la aprobación y futura aplicación del Marco Jurídico para la Paz se evidencia en las declaraciones "calificadas" y casi diarias de juristas, dirigentes políticos, víctimas del conflicto, exguerrilleros e incluso expresidentes.
Se trata de un asunto tan complejo que puso en la misma orilla a actores distantes como los líderes del Centro Democrático, de Álvaro Uribe, y a la Comisión Colombiana de Juristas y Human Rights Watch. Todos críticos del proyecto.
Entre los ciudadanos también hay divisiones: quienes ven que el acto legislativo, que espera aprobación de la Corte Constitucional, se debe aplicar para acabar el conflicto armado y, activos en las redes sociales, los detractores, que advierten que fomentará la impunidad y ofende a las víctimas.
El acto legislativo es vital para el Gobierno, que lo impulsa y defiende, desde el presidente Juan Manuel Santos, sus negociadores en el proceso de paz y el Fiscal General. La razón es simple: el marco jurídico sustenta el actual proceso con las Farc y es el que, según sus promotores, dará garantías legales para negociar con las guerrillas su eventual desmovilización y reinserción a la vida civil.
Y en el caso de las Farc, "la transición de grupos subversivo a fuerza política", de acuerdo con el exvicepresidente Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador del Estado.
Pero los críticos del Marco no están de brazos cruzados esperando el trámite legislativo de la Ley aprobada por el Congreso, firmada por el presidente y que solo espera la revisión de constitucionalidad.
Así lo confirman las dos demandas en curso por parte del exviceministro de Defensa, Rafael Guarín, y del jurista Gustavo Gallón, de la Comisión Colombiana de Juristas.
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