Los diversos marcos jurídicos, bien de carácter nacional o internacional, reconocen a los niños y adolescentes, entre muchos derechos, los de libertad de expresión, de pensamiento, conciencia y religión; también los de libertad de reunión y de asociación, les autoriza el acceso a la información que les favorezca para su bienestar social, moral y para su salud física y mental; además les garantiza el derecho de participación y los incentiva al diálogo y al intercambio de opiniones y a que ocupen un papel activo en su entorno y a que adquieran mayores responsabilidades.
Independientemente de lo escrito sobre el tema, que todos deberíamos acatar, sabemos que juegan un papel trascendental en su desarrollo el ámbito familiar en el que padres y madres, desde los primeros años de vida, les inculquen formación en valores y potencien sus capacidades; y la escuela, que no sólo les proporciona conocimientos, sino que les permite socializar con otros.
Desafortunadamente vivimos una época en la que es inocultable la descomposición social, la pérdida de valores y de creencias, la violencia intrafamiliar, el irrespeto a la vida; es decir, experimentamos una realidad en la que los comportamientos humanos han sufrido toda clase de alteraciones movidos por factores endógenos y exógenos, en un mundo loco donde los afanes e influencias trastocan las prioridades, afectando gravemente la convivencia.
Da pena observar a los jóvenes de hoy, les falta tanto civismo y urbanidad, porque actúan llevados por la ola del libre desarrollo de la personalidad y de una modernidad mal entendida, bajo la influencia de una sociedad de consumo, en la que las buenas costumbres y los buenos modales, que ayudaban a mantener la armonía social y familiar, se hallan totalmente desaparecidos, cayendo en un facilismo, ordinariez, desfachatez e indiferencia que rayan con los antivalores, y en muchos casos proceden con tal cinismo e irresponsabilidad que causa tristeza y pesimismo.
La mayoría de los niños y adolescentes que estamos educando, conocen sus derechos, pero ignoran sus deberes, no saben del respeto que merecen sus padres y maestros, los ancianos; tampoco conocen las más mínimas reglas de cortesía y de consideración para con sus semejantes; dejan mucho que desear sus formas de vestir, sus comportamientos en actos públicos y privados, con sus vecinos y amigos; no ha de faltar el irrespeto por los símbolos patrios y monumentos; desconocen que sus derechos van hasta donde comienzan los de los demás; son intolerantes y descorteses con las opiniones de los demás, con la diversidad cultural y las etnias, etc.
Por todo lo anterior es tan loable y bienvenida toda gestión que busque recuperar valores, principios y comportamientos sociales y cívicos que hagan amable la convivencia, y es lo que viene haciendo el Congreso de la República, en desarrollo de la Constitución Política y de la Ley General de Educación, al adelantar el estudio del proyecto de Ley 140 de 2010 que promueve y revive como asignatura obligatoria los temas del civismo y la urbanidad, para que hagan parte del Plan Educativo Institucional de todos los establecimientos educativos, públicos y privados, a partir del nivel preescolar hasta completar la educación media; ojalá que en los debates se adicione hasta el primer semestre de educación superior, incluyendo y enfatizando los postulados de la Noviolencia, con el fin de reconstruir tejido social, de poner fin a tanto desorden y de estructurar una nueva sociedad justa y armónica, formada por individuos comprometidos con su patria y con sus semejantes, solidarios, emprendedores, trabajadores y educados para un entorno familiar, laboral, institucional y de negocios, en el que primen el respeto, la moralidad, el civismo, la urbanidad y el sentido de pertenencia.
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