En la decisión en la que el juzgado tercero especializado de Villavicencio condenó, la semana pasada, a Salvatore Mancuso a 26 años y ocho meses de prisión por la masacre de Mapiripán se deja establecido que esta fue una de las más cruentas de la historia del país.
El despacho consideró que estos hechos dejaron "un daño irreversible no solo para las víctimas, sino para la comunidad colombiana en general", debido a que dejó un número indeterminado de personas heridas y restos humanos sin identificar.
En el fallo se advirtió que los pobladores de la región fueron "arrebatados de sus actividades diarias" y no se tiene conocimiento de su paradero. Para el funcionario judicial, esto evidencia un daño de grandes magnitudes a la libertad individual, "ya que es obvio que estos ciudadanos no desaparecieron de su entorno cotidiano por voluntad propia".
Intento de desvío
El juzgado también consideró en su decisión que se "trató de desviar la investigación", pese a que luego se estableció que miembros de las Fuerzas Armadas, por acción u omisión, "actuaron en connivencia con el grupo paramilitar".
Además, se añade que no había control de la Fuerza Pública en el sector, a pesar de que se contaba con su presencia. "Predominaba la fuerza y el poder que, por medios de las armas, adquirió las Autodefensas Unidas de Colombia, que sin ser un grupo terrorista reconocido internacionalmente ya estaba cometiendo actos con fines terroristas como masacres y secuestros sistemáticos", expresa la decisión.
La masacre de Mapiripán ocurrió en mayo de 1998, cuando paramilitares armados llegaron a los caseríos de Puerto Alvira y Caño Jabón, en Mapiripán, Meta.
Los cerca de 200 hombres armados intimidaron a los moradores de las alejadas poblaciones, los dividieron en dos grupos, y posteriormente los llevaron a la pista de aterrizaje y al parque principal de la localidad y allí cometieron 19 homicidios.
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