En la apertura de la edición 18 de la Cumbre Interamericana de Ministros de Trabajo, el alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria, puso anoche su firma a un acuerdo que da luz verde a la primera política municipal de trabajo decente del país.
Se trata de un importante paso para promover empleo de calidad, productivo, estable, con protección social, ingreso digno y seguridad laboral, en una ciudad que registra una tasa de desocupación del 10 por ciento y otra de informalidad del 46,76 por ciento, según las últimas cifras del Dane (ver gráficos).
Sin embargo, este acuerdo de once artículos aprobado en segundo debate por el Concejo de Medellín desde el 26 de septiembre pasado, tiene sustanciales variaciones del proyecto de acuerdo que fue radicado desde febrero de 2012 en el cabildo municipal.
Este diario conoció un borrador de 16 artículos, de abril del año pasado, que registraba modificaciones consensuadas por sindicatos, la seccional Antioquia de la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Ministerio del Trabajo, entre otros actores que participaron en la deliberación sobre esa política desde 2009.
Los cambios comienzan desde su título "Por medio del cual se establece la Política Pública de Trabajo Decente en la Ciudad de Medellín", frente al original: "Por medio del cual se establecen políticas públicas para generar empleo y para garantizar el derecho a un trabajo decente en la ciudad de Medellín" (ver recuadro).
De fondo, el Acuerdo celebrado anoche por Gaviria, deja en términos muy generales los compromisos que asumirá la Alcaldía frente al empleo digno y solo le "obliga" a presentar cada año un informe sobre avances de la "Política Pública de Trabajo Decente", como indica el artículo noveno.
Consultado por las acciones prioritarias del Municipio frente al Acuerdo, el secretario de Desarrollo Económico, Tomás Cipriano Mejía, aclara que no hay un presupuesto concreto para impulsar las tareas que se desprendan del Acuerdo.
"El esfuerzo es desde lo público hacia lo privado para mejorar las condiciones laborales de las personas vinculadas y que las empresas grandes cuando contraten otras más pequeñas exijan formalización laboral de sus empleados", aclara el funcionario.
En contraste, se quedó por fuera del Acuerdo final realizar convenios con el Ministerio del Trabajo para fortalecer la inspección laboral en la ciudad y fomentar un sistema de protección laboral gratuita para trabajadores que no tienen recursos económicos.
Frente a los alcances del Acuerdo de cara la realidad del mercado laboral de Medellín y su área metropolitana, que da exiguos signos de mejoría, el secretario de Desarrollo Económico es concluyente en que "si bien hace unos años estábamos preocupados por reducir la tasa de desempleo, ahora que lo está haciendo, no podemos empezarnos a alarmar de si los empleos son o no de calidad. Enmarquemos la discusión ahí, sin dejar de monitorear ese gran reto de mantener empleo de calidad", concluye Mejía.
Por su parte, el concejal Luis Bernardo Vélez, ponente del Acuerdo, opina que una fue la propuesta que entró al cabildo municipal y otra la que salió impulsada por la Alcaldía en el segundo debate.
"Queda claro que no basta el Acuerdo, sino las decisiones que genere. Y no es coherente que el Municipio promulgue el trabajo decente cuando sigue realizando contratos de prestación de servicios a dos y tres meses", añade Vélez, quien ve lejana la meta del Plan de Desarrollo Municipal de que se generen 100 mil empleos decentes en la ciudad.
Finalmente, la Escuela Nacional Sindical (ENS) concluye que si bien el Acuerdo mantiene el espíritu de lo originalmente propuesto, "se quedó sin garras de lo construido con la Administración Municipal anterior. Con ese sinsabor, se tiene la opción de que puedan retomarse aspectos descartados y generar nuevas propuestas", concluye su director, Guillermo Correa
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