El dato no es oficial, tiene como fuente a un experto de la industria farmacéutica y el encargado de hacerlo público fue el presidente del Partido Liberal, Simón Gaviria Muñoz: el control de precios de los medicamentos en Colombia les puede significar a los consumidores finales un ahorro anual de 2.000 millones de dólares, es decir, más de 3,8 billones de pesos.
Esta sería una de las implicaciones más importantes que para el bolsillo de los colombianos tendría la aprobación en el Congreso de la ley estataturia de la salud. En ella, se faculta al Gobierno para meter en cintura los onerosos precios de los medicamentos que, en el territorio nacional, llegan a registrar diferencias del 300 y 400 por ciento frente a los de otros países.
Alberto Bravo, presidente de Asinfar -el gremio de los laboratorios colombianos productores de medicamentos- recuerda que, según cifras gubernamentales, esta industria mueve en el país entre 8,5 y 9 billones de pesos anuales.
De manera que si el dato entregado por Gaviria Muñoz a este diario es acertado, el control de precios les podría quitar a las empresas del ramo un poco más del 40 por ciento de sus ingresos. El efecto suena catastrófico desde el punto de vista empresarial, pero encantador social y políticamente.
"No puede ser igual el ahorro anunciado que lo que vale el mercado de farmacias donde compran de su bolsillo los colombianos", señaló Francisco de Paula Gómez, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro). El gremio advierte que los controles de precios generan, en el mediano plazo, sobrecostos, desabastecimiento y corrupción.
Gaviria Muñoz, quien es representante a la Cámara, añadió que será el Ministerio de Salud el encargado de evitar la inflación descontrolada en el precio de los medicamentos. Estos serán menores que los del mercado internacional y se calcularán sobre el precio promedio de 17 países latinoamericanos. "Las farmacéuticas podrán ganar, dijo Gaviria, pero no podran extraer de los pacientes precios injustificados".
Para la representante a la Cámara, Martha Cecilia Ramírez, la regulación de los medicamentos existe desde el año pasado cuando se instauró la política nacional farmacéutica.
"El Gobierno ya viene controlando el precio de los medicamentos y de los monopolios farmacéuticos. Y lo ha hecho en las últimas tres circulares, a través de las cuales ha controlado mucho más de 100 tipos de medicamentos, lo que ha generado un impacto importante, pues ya existe una política farmacéutica nacional desde 2012. Entonces, no se puede hablar de que ahora sí va a cambiar el tema, sino que viene cambiando y la norma lo que hizo fue refrendar lo hecho".
El problema del plan integral
Para los legisladores y el mismo Gobierno, otro de los puntos trascendentales que se aprobaron con la ley estatutaria es la puesta en marcha del llamado plan integral, que cubriría a todos los ciudadanos en los servicios médicos y ayudas tecnológicas que el médico considere necesario.
Según el presidente del Congreso Roy Barreras, "el plan integral de salud y la autonomía médica que se logró con la aprobación de la Ley Estatutaria en Salud, son los puntos más trascendentales de la reforma".
El revés de un plan que saldaría la deuda en calidad que hoy vive el sistema está en la sostenibilidad fiscal. Es decir, si habrá plata para pagar todo lo que se tendría que pagar.
Frente a esta duda, la representante Ramírez señaló que es necesario ver cómo queda la ley ordinaria de salud, que va en primer debate en el Senado y que estaría lista a más tardar para diciembre de este año. "Esa norma es la que define los detalles específicos de aplicación de las nuevas reglas que regirán el sistema de salud".
Para Jaime Arias Ramírez, presidente de Acemi -gremio de las empresas de medicina integral- el plan integral que se aprobó, si bien no habla sobre las EPS, se prevé como el único punto que cambiaría en principio su funcionamiento, "pues se tendría que subir la Unidad de Pago por Capitación o UPC (dinero que reciben del sistema las EPS por cada afiliado al año), porque ahora se tiene que garantizar un plan más amplio de servicios".
Por otro lado, también preocupa el hecho de que el sistema se ve hoy en crisis, entonces ¿cuándo se sentirán los efectos de la reforma aprobada?
La respuesta más optimista también la dio la representante Ramírez, quien subrayó como día cero, la aprobación del proyecto de Ley Ordinaria en Salud.
Pero, aún cuando se den los trámites y surjan los mecanismos que se implementarán, falta mucho más para que la crisis desaparezca, pues es necesaria "voluntad política", agregó la legisladora.
Para ella y otros miembros del Congreso, el problema es que los pacientes no se están quedando en sus barrios o municipios para curar sus enfermedades, sino que por las dificultades de calidad de varios hospitales y centros de salud, migran a ciudades como Medellín o Bogotá para que los atiendan, copando el sistema.
Lo que más preocupa de que no se cuente con una red médica y hospitalaria adecuada para la prestación del servicio de salud es que se seguirá presentando el llamado "paseo de la muerte", en el que ningún servicio de urgencias recibe a un paciente en estado grave de salud y este muere por esta causa. Eso estaría lejos de acabarse.
"Lo que pasa en Medellín es un ejemplo, donde algunos hospitales alcanzan un nivel de ocupación del 150 por ciento", concluyó Ramírez.
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