Al profesor Ebert Mosquera, decano de la Facultad de Economía de la Universidad Santiago de Cali, lo mató un joven de 17 años quien le disparó el 27 de julio cuando tomaba tinto en una cafetería del centro educativo.
En Cartagena, el 38 por ciento de los crímenes cometidos por sicarios durante 2009 fueron atribuidos por la Policía a menores de edad.
En Medellín, las ong han denunciado que hay niños de 14 años que ya son sicarios y menores que a los 8 empezaron a trabajar como "carritos" de las bandas.
Los datos fríos dan para pensar que es necesaria una legislación fuerte para sancionar a los menores de edad inmersos en actividades delictivas, y más si se trata de homicidios. Una propuesta para la cual cursan dos proyectos de ley en el Congreso presentados por los senadores Gilma Jiménez y Roy Barreras.
Sin embargo, dos expertas en el tema como Ana María Convers, secretaria Ejecutiva de la Alianza por la Infancia, y Beatriz Linares, coautora de la Ley de Infancia y Adolescencia, aseguran que las reglas duras ya están, el problema es que no se aplican.
Mitos y realidades
¿Si delinquen como adultos por qué los juzgan como niños? Los muchachos de ahora no son tan inocentes como antes, cuando cometen un delito saben lo que están haciendo. ¿Y es que las víctimas no tienen derechos?
Esos son algunos de los planteamientos de los ciudadanos de a pie que llevaron a los congresistas a presentar los proyectos de ley que endurecen los castigos a adolescentes infractores, señala el senador Luis Fernando Velasco quien el 6 de septiembre citó al Consejo de Política Criminal para debatir el tema de los menores delincuentes.
"Desde la entrada del Código de Infancia y Adolescencia han crecido las cifras de delincuencia de menores. Hay un dato de 35.000 delitos cometidos por adolescentes el año pasado", explica Velasco.
Sin embargo, para Ana María Convers, el problema está en que a veces los jueces y fiscales no aplican las sanciones "duras" que tanto reclama la gente.
"Nosotros hablamos de mitos y realidades que tiene el sistema. Por ejemplo, se dice que un menor de 14 años que cometa un delito no le pasa nada, pero la ley establece que sus padres o cuidadores deben responder por él. Entonces, ¿por qué no se aplica?".
Es más, asegura que según las cifras del Consejo Superior de la Judicatura, en 2009 solo el 4,5 por ciento de los menores procesados en el país bajo el Sistema Penal Adolescente eran responsables de homicidio. "Lo que pasa es que un delito cometido por adolescentes vende más en los medios".
Una cadena rota
Beatriz Linares, la abogada que asesoró la elaboración del Código de Infancia y Adolescencia, considera que "al Estado le quedaron grandes los menores", porque la cadena de responsabilidad de la que hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Bienestar Familiar, las administraciones locales, los jueces, los fiscales y los menores, se ha roto. Por eso es que la gente solo mira al último eslabón: el menor infractor.
Una de las fallas frecuentes es que en los municipios pequeños no hay centros para la resocialización de menores. El argumento de los alcaldes es que no tienen recursos para construirlos. Entonces, un muchacho comete un delito y queda libre, eso es impunidad.
Para Ana María Convers, es evidente que hubo una falla en el código porque no se estableció de dónde iban a salir los recursos para la construcción de los centros especiales. "Un sistema como el que se propone requiere de una articulación y no se puede dejar toda la responsabilidad en el ICBF".
Fallas en el artículo 187
Otro aspecto que quedó cojo es el artículo 187 de la Ley de Infancia y Adolescencia que establece para los adolescentes mayores de 14 años y menores de 18, que sean hallados responsables de homicidio doloso, secuestro o extorsión, en todas sus modalidades, "la privación de la libertad en centro de atención especializada tendrá una duración de dos hasta ocho años".
Parte de la pena privativa podría pagarse con servicio social o presentaciones periódicas ante el juez con el compromiso de no volver a delinquir. Una sanción que para las víctimas y sus familias resulta irracional.
Por eso, el senador Velasco considera que el artículo debería ser reformado. "¿Qué se le dice a la madre de una víctima de un homicida que tenía 17 años y sale libre a los 21? Estos muchachos -así hayan cometido cuatro homicidios- son recluidos en un centro especial, no entienden el reproche social, no tienen capacidad de hacer respetar las normas. Ellos no pueden salir, matar gente y que no les pase nada. Para ellos deberían haber pabellones especiales, con más medidas de seguridad y podrían ser manejados por comunidades religiosas, como sucede ahora".
La abogada Linares reconoce que hay una falla en el código aprobado y lo que se debería establecer es que el responsable de un delito grave como el homicidio, purgue los ocho años completos.
Uso de estupefacientes
Otro cambio, en este caso para evitar que los menores caigan en redes de delincuentes, está en que se impongan sanciones más fuertes para quienes los utilicen para delitos como el transporte de armas o el tráfico de estupefacientes.
En el caso de porte de estupefacientes, la ley que sanciona el porte y consumo de la dosis mínima contempla sanciones para los jíbaros que utilicen a menores.
En el caso del porte ilegal de armas, el Gobierno busca una reforma legal que permita que deje de ser un delito excarcelable, pues muchos jefes de bandas tienen que ser liberados por los jueces de garantías. De aprobarse esta reforma también tendría que considerarse a qué sanciones se harían acreedores los adolescentes a la luz del Código de Infancia y Adolesencia.
Tanto Beatriz como Ana María consideran que hay un aspecto que no se ha tenido en cuenta y es que muchos de los menores cometen delitos bajo la influencia de sustancias sicoactivas.
Una situación que fue puesta en evidencia el año pasado cuando el Ministerio del Interior presentó el Estudio nacional de consumo de sustancias sicoactivas en adolescentes en conflicto con la ley, en la que se consultó a 200 muchachos.
En él se mostró que el 60 por ciento de los consumidores admitieron haber cometido algún delito bajo la influencia de las drogas. Los hombres en su mayoría cometían homicidios, las mujeres usaban documentos falsos e incurrían en violencia intrafamiliar.
La encuesta también reveló que los infractores provenían de ambientes disfuncionales, un hecho que según Ana María y Beatriz, "aunque no es excusa para cometer una conducta ilícita, sí cuenta".
Para ellas, es necesario que se tenga en cuenta que los centros de resocialización para los menores deben considerar el problema del consumo de drogas y contar con personal apropiado para darles asesoría y -si es del caso- tratamiento.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
