Los ponentes del proyecto que pretende eliminar tres ceros a la moneda argumentan que lo que se busca es facilitarle la vida a la sociedad colombiana, pues con un "nuevo peso" se reduciría el costo de las operaciones de compra y venta de bienes y servicios. Además, se simplificarían las operaciones aritméticas. También, el manejo contable de las empresas y de las entidades del sector público sería más fácil y, por ende, menos costoso.
Igualmente, se argumenta que el momento que vive la economía colombiana es el adecuado para hacer este tipo de cambios, pues se tiene una inflación baja, los niveles de inversión privada son altos y las perspectivas de crecimiento económico son muy buenas.
Adicionalmente, hay quienes piensan que políticamente el país y el nuevo gobierno ganarían, pues con una nueva denominación se le estaría mandando al mundo el mensaje de que Colombia es una nación renovada, más fuerte y que mira el futuro con confianza.
El Banco de la República, aunque no se opone, tampoco le ha dado su aval incondicional. Considera que ahora, más que nunca, el cambio de denominación tiene sentido. Además, uno de los argumentos fuertes que ha traído a colación es que con esta medida desaparecerían las caletas de los irregulares pues, antes de que se acaben los viejos pesos, tendrán que ponerlos en circulación.
El Banco ha calculado que el costo de la medida es de 220.000 millones de pesos, parte del cual se recuperará en un plazo largo, además que ella facilitará que se puedan poner en circulación monedas de baja denominación.
Los académicos no ven grandes beneficios en la propuesta y, aunque argumentan algunos costos, la realidad es que estos son menores y las posibles dificultades que se puedan presentar entre el público, derivadas del manejo simultáneo de dos tipos de pesos, finalmente se superan. Asimismo, argumentan que este tipo de medidas ha tenido efectos benéficos en economías con hiperinflación, que no es el caso de Colombia en la actualidad.
Es claro, entonces, que el proyecto de Ley que elimina tres ceros al peso tiene beneficios para la economía colombiana, pero éstos no son de gran impacto, ni magnitud. Los costos no son desbordados y algunos son recuperables en el tiempo. No lesiona los intereses de los ciudadanos, aunque genera fricciones y molestias en las primeras de cambio de su implementación, al tiempo que ayuda en la lucha contra el manejo de los dineros de los ilegales.
El problema del proyecto es de conveniencia y oportunidad, pues la nueva denominación del peso no puede considerarse como una medida trascendental, ni urgente y menos prioritaria para la marcha de la economía. El país puede seguir adelante un buen número de años con los mismos viejos pesos y nada les ocurrirá a las personas, ni a las empresas, ni a las entidades públicas.
Frente a una medida que no es vital, las energías y el tiempo de los congresistas deberían dedicarse a tareas más urgentes y fundamentales en materia económica, como el proyecto de la regla fiscal, que está detenido, y con el cual se generará el superávit que hará viable el cambio de denominación.
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