La captura, la madrugada de ayer, del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda, quienes se ocultaban en una vivienda en Ciudad de México, se convierte en una nueva ficha del rompecabezas que tratan de armar las autoridades para esclarecer la tragedia del pasado 26 de septiembre, cuando policías atacaron, detuvieron y desaparecieron a estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, de esa municipalidad mexicana.
El hecho es considerado la peor crisis en los primeros dos años del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El asalto dejó seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos. El alcalde y su esposa son considerados los autores intelectuales. La madeja criminal, que tiene mil puntas, sacude a un país horrorizado por este tipo de actos criminales masivos.
Escenario de contrastes
A seis semanas del hecho no se sabe dónde están los estudiantes, si están vivos o muertos. Con distintas manifestaciones en las grandes ciudades, la sociedad reclama respuestas al Estado y lo señala como responsable directo de la desaparición.
La historia tiene que ver con la complicidad entre autoridades municipales con narcotraficantes; con cacicazgos, corrupción e impunidad, y con desapariciones que vienen de tiempo atrás puesto que, en la búsqueda de los normalistas desaparecidos, se han encontrado 19 fosas con 28 cuerpos que no son de los estudiantes ¿De quién, entonces? Esa es una de las muchas preguntas sin resolver.
Tiene que ver también con la contrastante situación de un Estado (departamento) como Guerrero, donde se ubica Iguala y donde también se halla uno de los lugares turísticos más emblemáticos de México, el puerto de Acapulco.
En la historia de Guerrero se han cometido grandes matanzas y han surgido algunas de las guerrillas de México: la de Genaro Vázquez, en los años 60; la de Lucio Cabañas, en los 70, y la del Ejército Popular Revolucionario, en los 90. Vázquez y Cabañas también eran maestros rurales, incluso éste último estudió en la normal de Ayotzinapa.
Al preguntarle por el origen de los hechos, el profesor e investigador de El Colegio de México, Sergio Aguayo, explica que "es la confluencia de varios factores que se fueron acumulando durante décadas: la ubicación geopolítica de México lo convierte en conducto por donde fluyen las arterias del crimen organizado (tráfico ilegal de personas, drogas y armas); es también la fragilidad de la sociedad civil y la debilidad del Estado mexicano por corrupción e ineficacia. Guerrero siempre ha sido una región levantisca; fue un foco de resistencia desde las guerras de independencia. La situación se mantiene por su ubicación geográfica, la pobreza y el abandono".
"Guerrero, otra vez muertos"
Apenas a 190 kilómetros de la ciudad de México está Iguala, un municipio que tiene cerca de 130 mil habitantes. Gobernado por el partido de izquierda (de la Revolución Democrática), la noche del 26 de septiembre el alcalde Abarca y su esposa, María de los Ángeles, dieron la orden de impedir que los normalistas sabotearan un evento donde ella (que encabezaba el programa de desarrollo infantil municipal) iba a entregar su informe de actividades.
Los policías de Iguala dispararon contra los autobuses, secuestraron a los normalistas y los entregaron a la policía de un municipio vecino, Cocula, que finalmente los dejó en manos de sicarios de un cartel del que hasta entonces no se sabía nada: Guerreros Unidos. La Procuraduría General de la República aseguró que ese cartel fue una escisión del de los Beltrán Leyva, y que la esposa del alcalde era la principal operadora del grupo en Iguala.
A la gravedad de los hechos se sumó la tardía respuesta de autoridades e incluso de la Presidencia; solo 10 días después Peña Nieto se refirió al tema, presionado por el reclamo internacional.
Para Aleida Calleja, coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, fue un mal cálculo de todas las instancias: "Dijeron: "Ah, Guerrero, otra vez muertos". Era como una raya más al tigre, como decimos aquí en México. Pero les reventó en la cara".
No pasa nada
Calleja fue más allá: "La idea era asumir que no pasaba nada por el hecho de que no sabíamos lo que ocurría. Y esto es lo que sabemos ahora de Ayotzinapa, pero hay un montón de lugares en el país con desaparecidos, y no habíamos tenido reacción como sociedad; esta vez sí porque llegó el momento de decir: "¡Bueno, ya!. Pero hay un gravísimo tema en la sociedad mexicana de no exigir el derecho a la verdad; no saber qué pasó es generar todas las condiciones para que la impunidad prevalezca y los medios están teniendo una cobertura sesgada", dijo.
Los hechos, en gran medida, son resultado de una política antidrogas concentrada en la detención de grandes capos; así lo ve Aguayo: "Las prioridades del gobierno se hacen evidentes cuando se piensa que en la misma semana detuvieron a uno de los grandes capos (el "H", Héctor Beltrán Leyva ) y desaparecieron a los normalistas. El Estado tiene como meta perseguir jefes del crimen organizado y le importa muy poco lo que sucede con las víctimas".
A pesar de que en la última década se ha desatado en México una violencia sin precedentes, resultado, entre otras cosas, del surgimiento de nuevas organizaciones delictivas, que en el gobierno de Felipe Calderón dejó más de 60 mil muertos; a pesar de matanzas como la de 72 migrantes en Tamaulipas; del hallazgo de 300 cadáveres en fosas de Durango; de que se reveló en junio pasado que el Ejército ejecutó a 22 presuntos delincuentes que se habían rendido; a pesar de esos hechos, la respuesta en el caso de los 43 normalistas ha desbordado todas las reacciones en México y el mundo.
Omisión estatal
Calleja opina que "la actitud del Estado, y me refiero al ejecutivo federal, al congreso, al poder judicial, ha sido la de un Estado omiso. Y los medios han sido una caja de resonancia del discurso oficial. Desde el principio de este sexenio se quiso poner como de bajo perfil el tema de la violencia, y se priorizó el de la gran agenda de cambios estructurales; pero de nada servirán los cambios económicos, si existe corrupción, violación de derechos humanos, y si no se arreglan las causas de la exclusión económica. ¿Cómo hablar del gran polo turístico, Acapulco, cuando una buena parte de la población de Guerrero no tiene ni qué comer?"
El reclamo social se refleja en cientos mensajes, grafitis, pancartas y lo expresan las palabras del escritor Élmer Mendoza, autor de libros como "El amante de Janis Joplin" y "Balas de Plata", a quien le preguntamos sobre los hechos y nos respondió lo siguiente:
"Un país que por años padece corrupción se va descalcificando. La estructura que lo sostiene se vuelve delicada y nadie sabe lo mayor que debe ser la cirugía que la restaure. Así está México, el país de Octavio Paz y Sor Juana. Por años hemos permitido que los corruptos sonrían con entusiasmo, incluso los hemos aplaudido y venerado, hemos celebrado su estupidez y permitido el saqueo.
Pero ocurrió y ahora Ayotzinapa nos quita el velo, nos pone frente a un espejo negro y nos deja claro que no tenemos derecho a la felicidad, a la riqueza o a los atardeceres con luna; vamos, ni siquiera a una paz acordada bajo sospecha. Están rotos los puentes en el país de Juan Rulfo y Carlos Fuentes. Tal parece que esas fosas fueran para todos los mexicanos".
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