Luego de fracasar una audiencia de conciliación en la que prácticamente el Estado colombiano, representado por el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional Ambiental, Anla, más de 1.450 pescadores de los municipios de Ciénaga y Pueblo Viejo optaron por demandar a la empresa norteamericana Drummond por el siniestro ocurrido a comienzos del año 2013 cuando una de sus barcazas depositó en el fondo del mar centenares de toneladas de carbón.
“La presencia del mineral trajo como consecuencia una reducción significativa de la labor que desarrollan los pescadores artesanales que tienen como único sustento para sus familias los frutos del mar que dejaron de capturar”, dijeron los asesores jurídicos.
Durante una diligencia judicial celebrada en las Procuraduría 155 y 204 de Santa Marta, a fin de dar cumplimiento al requisito de procedibilidad para poder impetrar la demanda de reparación directa en contra del Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), y la Drummod por el daño ambiental causado, el Estado y la multinacional no aceptaron la posibilidad de conciliación que permita el pago del daño causado a los pescadores por el derrame de carbón.
Las pretensiones de los pescadores por los perjuicios que han recibido superan los doscientos mil millones de pesos.
Contrario a lo que entidades como el Ministerio de Ambiente, Corpamag y el propio Invemar hallaron en el fondo del lecho marino, al igual que la Fiscalía, la compañía Drummond dijo que no existen pruebas entre el accidente de la barcaza y los perjuicios argumentados por los pescadores.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible señaló a la empresa Drummond como presunto responsable del daño ambiental y sostuvo que el Anla no tuvo fallas en el servicio en su actuación, por cuanto además, sancionó a la empresa carbonera.
Las acciones contra el Estado y la empresa norteamericana la iniciaron 1.450 pescadores, 250 del municipio de Ciénaga y 1.200 de Pueblo Viejo.
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